Tres mujeres que aseguraron ser propietarias de los dos food trucks removidos la madrugada del martes 29 de octubre de una plaza por orden del Juzgado de Faltas Municipal de Santa María, aseguraron que fueron víctimas de acusaciones falsas formuladas por ese municipio.
En diálogo con El Ancasti y haciendo mención de la nota sobre el incidente publicada el 2 de noviembre, Silvana Flores, María Flores y Nahir Oviedo Vega pidieron hacer uso del "derecho a réplica para expresar nuestra verdad con documentación respaldatoria".
"Los propietarios de los tráileres desalojados arbitrariamente hacen conocer a la sociedad en general que las acusaciones vertidas por el municipio de Santa María a cargo de la intendente Érica Inga son falsas ya que los propietarios expresamos que jamás hubo agresiones al personal interviniente en el desalojo, ya que defender el derecho al trabajo aun no constituye delito", expresaron. Dijeron además que "jamás hubo orden judicial de desalojo ya que el Juzgado de Faltas es un tribunal administrativo y no pertenece al Poder Judicial como así también hacemos conocer que el conflicto se encuentra en vía judicial dependiente de una decisión de la Corte de Justicia de Catamarca".
Aseguraron que el procedimiento fue "arbitrario e ilegal (...) sin notificación alguna y cuando se les solicitó la orden de desalojo jamás fue exhibida por el oficial delegado a cargo del procedimiento y por la fuerza -se procedió con 40 efectivos policiales y solamente 2 eran efectivos femeninos y trabajadores municipales pertenecientes a la escuela municipal de boxeo “Torito López”, bomberos voluntarios -contra 4 personas (3 mujeres y un jubilado de 80 años)".
Fuentes oficiales informaron a este medio que el desalojo fue ordenado por oficio N°09/24 del Juzgado de Faltas, según el expediente N°786/24 de la Municipalidad contra las tres señoras.
Además se supo que por sentencia definitiva N°50 la Cámara de Apelaciones Civil de Tercera Nominación, rechazó por segunda vez un amparo y su apelación respectivamente, interpuesto por las damnificadas. Además, la causa se tramita de oficio en la Fiscalía de Santa María.