Es para que el máximo tribunal revise el fallo de la Corte de Justicia por la causa de las compras directas.
Los abogados de Víctor Brandán (Pedro Vélez) y de Pablo Doro (Carlos Rosales Vera) presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia de la causa por las compras directas por las que fueron condenados en marzo del año pasado.
En agosto la Corte de Justicia de Catamarca resolvió que la causa de las 'Compras directas' regrese a la Cámara Penal N°3 para que emita una nueva sentencia y resuelva la procedencia de la acción civil.
En el marco de los hechos endilgados al exsubsecretario de Acción Social Víctor Brandán, y al exministro de Salud Pablo Doro, se resolvió la confirmación de la condena en algunos cargos y la absolución en otros. En total se juzgaron 12 hechos ocurridos en 2003 y los imputados habían sido condenados a diez y seis años de prisión respectivamente.
Doro fue encontrado culpable de siete hechos (dos en calidad de autor, cinco como partícipe necesario) y Brandán por 12 hechos (dos en calidad de partícipe necesario, diez como autor), mientras que los otros dos imputados que llegaron al juicio, Carlina Zurita de Valles y Omar Guillermo Martínez fueron absueltos. A la elevación a juicio había llegado como imputada también la exdirectora de Servicios Administrativos, Teresa del Carmen Miñaura de Siarez, pero falleció en 2019. En todo el tiempo transcurrido entre los hechos y el juicio, varios de los testigos que habían sido aportados ya habían fallecido también.
El abogado Carlos Rosales Vera explicó algunos motivos por los que decidió llevar el caso a una instancia superior para que se revise la condena.
"Nosotros decimos que no hay delito. El primer cuestionamiento que existe para deducir algo irregular es que el fiscal, los jueces de Cámara y la Corte misma sostienen que las facturas son falsas porque fueron emitidas con posterioridad y eso es un error conceptual gravísimo porque en realidad se trata de facturas ante datadas o posdatas. Alguien puede plantearlo como irregular, pero eso no es ilícito, no es un delito", dijo el abogado Rosales Vera.
"No se ha citado a ninguna de las empresas que se supone que hicieron esas facturas apócrifas. No son testigos, no son imputados", añadió.
"No se acreditó que el dinero haya ido ni a las manos de Brandán ni de Doro. La verdad que se los está condenando por una presunción de que podrían haber hecho cosas irregulares, pero hasta ahora no existió ninguna prueba fehaciente. Llevaron 40 testigos y ninguno pudo precisar nada, sí cuestiones menores de una gestión administrativa".
Rosales Vera comentó que en el marco de las contrataciones del Estado es habitual que la tramitación administrativa se realiza con posterioridad a la contratación. "El desorden administrativo que puede haber existido no significa que sea delito. Eso es grave y se está condenando a dos personas.
"Si bien es cierto que la Corte bajó parte de la imputación siguen siendo graves (las condenas)", comentó. Recordó que el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen porque consideró que no había delito y en todo caso correspondía la aplicación de multas.
"Todo esto ha sido motivo del recurso extraordinario. Vamos a ver si la Corte lo acepta", anticipó.
