La utilización, por parte del Gobierno nacional, de una canasta de consumos obsoleta para medir la inflación es una decisión política con efectos económicos concretos. Sostener un índice que subestima el verdadero aumento del costo de vida no solo contribuye a instalar en el imaginario social una desaceleración inflacionaria mayor a la real, sino que además le permite al Estado ahorrarse una suma considerable de recursos.
El actual IPC del INDEC se apoya en ponderaciones que ya no reflejan la estructura del gasto de los hogares argentinos. El peso de los servicios —alquileres, tarifas, transporte, salud, educación— continúa artificialmente reducido frente a una realidad en la que estos rubros explican una porción creciente del ingreso familiar. Esa desactualización deriva en un índice que corre por detrás de la inflación efectiva y genera una brecha que no es neutra desde el punto de vista fiscal.
Con una inflación oficialmente más baja, el Ministerio de Economía logra un doble objetivo. Por un lado, licúa salarios y jubilaciones, deteriorando el poder adquisitivo sin necesidad de confrontar abiertamente con los sectores afectados. Por otro, ejecuta un ajuste del gasto público mucho más profundo del que surge de las estadísticas oficiales. La menor inflación medida reduce automáticamente las actualizaciones de partidas sensibles, convirtiendo al índice en una herramienta central del programa de ordenamiento fiscal.
Si se aplicara una canasta de consumos actualizada, acorde a los patrones vigentes, la inflación que registraría el INDEC sería desde diciembre de 2023 alrededor de 20 puntos porcentuales superior a la publicada, según las consultoras. En consecuencia, los niveles de pobreza e indigencia también serían sensiblemente más altos que los actuales.
El beneficio para las cuentas públicas es significativo. Al sostener un IPC que subestima especialmente el aumento de los servicios, el Estado reduce la indexación automática de jubilaciones, salarios públicos, asignaciones sociales y títulos ajustados por CER. Según cálculos privados, este mecanismo le habría permitido al Tesoro un ahorro cercano a los 5 billones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0,5% del PBI. Un dato que ayuda a explicar por qué la actualización metodológica sigue postergándose.
El impacto distributivo de esta política resulta evidente al observar la evolución de los ingresos. Si se aplicara un índice con ponderaciones actualizadas al período que lleva Javier Milei al frente del Ejecutivo, los trabajadores y los jubilados mostrarían pérdidas reales pronunciadas. Los asalariados privados registrados habrían visto caer su ingreso real en torno al 7,8%, mientras que en el sector público la pérdida se acercaría al 40%.
La manipulación de los indicadores no solo distorsiona el diagnóstico económico y erosiona la credibilidad de las estadísticas públicas, generando incertidumbre entre inversores y agentes económicos. También implica una transferencia silenciosa de recursos desde los sectores cuyos ingresos se ajustan por índices oficiales hacia el Estado nacional.
