miércoles 29 de octubre de 2025
Editorial

Deterioro que amenaza con tornarse estructural

El buen resultado electoral alcanzado por el oficialismo a nivel nacional representa mucho más que una validación coyuntural del rumbo adoptado por el Gobierno. Es, sobre todo, una oportunidad. Una nueva ocasión que la ciudadanía le otorga al presidente Javier Milei para que empiece a dar respuestas concretas a los problemas urgentes que padece la sociedad argentina, especialmente aquellos que afectan a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Desde diciembre de 2023, la gestión nacional ha sostenido un esquema de austeridad fiscal extrema, con el argumento de que solo mediante un ajuste drástico era posible recuperar el equilibrio macroeconómico. Esa lógica, aunque comprensible en sus fundamentos, ha tenido un impacto social severo. La estabilización de las variables financieras no ha alcanzado a los hogares y los indicadores sociales dan cuenta de un deterioro que amenaza con tornarse estructural.

El apoyo electoral implica una responsabilidad mayor. Los votantes han decidido darle al Gobierno más tiempo y margen político, pero también le han recordado que esperan resultados visibles en el terreno de la vida cotidiana. El voto favorable es, quizás, una señal de esperanza antes que de aprobación incondicional.

El Gobierno tiene la responsabilidad de diseñar medidas que, sin abandonar la prudencia fiscal, apunten a aliviar la situación financiera de familias y empresas. El Gobierno tiene la responsabilidad de diseñar medidas que, sin abandonar la prudencia fiscal, apunten a aliviar la situación financiera de familias y empresas.

Uno de los problemas más acuciantes es el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Según datos recientes, la deuda promedio de los hogares se aproxima a niveles récord, con un saldo de 3,7 millones de pesos. Lo preocupante es que gran parte de ese endeudamiento no responde a inversiones o bienes durables -como inmuebles, automóviles o equipamiento doméstico-, sino que se destina a gastos corrientes: alimentos, servicios o alquileres. En otras palabras, millones de familias se están endeudando simplemente para poder vivir.

Desde noviembre de 2023, el monto real de deuda de familias y empresas creció un 69%, y los deudores ya son unos 22 millones. Dentro de ese universo, un 15% se encuentra en situación de alto riesgo, con varios meses de atraso en los pagos o directamente con créditos considerados irrecuperables. Antes de la asunción de Milei, ese porcentaje no superaba el 11%. Las estadísticas oficiales muestran además que, solo en el primer trimestre de 2025, el 23,4% de los hogares debió endeudarse con bancos o financieras para llegar a fin de mes.

El escenario se agrava con la suba de las tasas de interés, que llegaron a ser en las últimas semanas, entre cuatro y cinco veces superiores a la inflación anualizada. Esa desproporción amenaza con cortar la cadena de pagos y con trasladar el problema del endeudamiento individual al conjunto del circuito económico.

Frente a este panorama, el Gobierno tiene la responsabilidad de diseñar medidas que, sin abandonar la prudencia fiscal, apunten a aliviar la situación financiera de familias y empresas: programas de reestructuración de deudas, créditos con tasas accesibles, incentivos a la producción y, sobre todo, una mejora sustantiva en los ingresos reales.

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