Luego de dos años de profunda recesión económica –los dos últimos del gobierno de Mauricio Macri- y de la hecatombe que produjo la irrupción del Covid- 19 en 2020, la Argentina viene recuperando puestos de trabajos en los últimos tres años. Pero un alto porcentaje de los empleos creados desde 2021 son de escasa calidad, precarios, en negro o registrados con salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Un informe recientemente publicado consigna que el trabajo informal en el país creció un 6 por ciento en el último año, lo que significa que 400 mil trabajadores más no cuentan con cobertura de salud o los derechos laborales básicos garantizados. La mayoría de los nuevos empleos “en negro” son ocupados por mujeres.
El trabajo, realizado por Melisa Murialdo, Contadora Pública y analista de Datos Estadísticos, especifica que “quienes trabajan desde la informalidad no cuentan con contratos de empleo seguros, obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, cobertura en caso de accidente de trabajo o un seguro por desempleo, no están dados de alta en la ANSES y sus beneficios son a discreción de lo que pacte con el empleador”. En este último sentido, la brecha de ingreso entre trabajadores formales e informales se ha ampliado. Un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) indica que en marzo de este año el salario neto promedio en el sector formal era de 211.797 pesos, mientras que en el sector informal menos de la mitad: 110 pesos.
Datos de la última Encuesta Permanente de Hogares señalan que el 35% de los trabajadores no cuenta con descuento jubilatorio y el resumen ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), para el cuarto trimestre de 2022, muestra que, dentro del universo de los no asalariados, que suman unos 3,5 millones de individuos, el 84,7% trabaja por cuenta propia, es decir, también es informal. “En otras palabras, en Argentina habría alrededor de 7 millones de personas ocupadas que no poseen un empleo formal”, consigna el trabajo en base a las estadísticas oficiales.
Los datos contenidos en el informe permiten arrojar algunas conclusiones muy interesantes: por ejemplo, que aproximadamente el 30 por ciento de los desocupados tienen estudios universitarios, completos o incompletos. La revelación es útil para advertir la necesidad de replanteos respecto de cómo la educación en general y particularmente la superior, debe avanzar en la formación de profesionales preparados para el mercado laboral.
También se puede corroborar cuáles son los sectores en donde se registra mayor informalidad laboral: la agricultura y el servicio doméstico mantienen en este rubro un liderazgo histórico.
Mejorar la calidad del empleo, generar políticas de promoción del trabajo registrado y afianzar un esquema eficiente de controles para evitar la proliferación de la informalidad, son desafíos que deberá afrontar el gobierno que asuma en diciembre, no importa cuál sea el signo político, porque la creación de empleo de calidad debe convertirse definitivamente en política de estado.