Una familia aseguró haber pagado más de $2,6 millones a un organizador que nunca concretó el evento.
Proceso. La denuncia quedó radicada en Fiscalía General
Una familia de Capayán denunció haber sido víctima de una presunta estafa millonaria luego de que la fiesta de 15 años de su hija, prevista para el 19 de diciembre de 2025, nunca se realizara pese a haber abonado más de 2,6 millones de pesos a un supuesto organizador de eventos. La denuncia penal fue presentada el jueves 15 en la Capital y quedó en manos de la Justicia.
Según consta en la presentación, el denunciado es Pablo Cortez, quien se promocionaba en redes sociales como titular de una empresa denominada “El Stylo Eventos”. De acuerdo con el relato, la familia tomó contacto con él a mediados de 2025 a través de publicaciones en grupos públicos de Facebook, donde ofrecía la organización integral de eventos sociales y exhibía imágenes y videos de supuestas fiestas ya realizadas.
Tras varios intercambios por WhatsApp, Cortez habría ofrecido distintos “combos” que incluían salón, catering, animación, DJ, iluminación y otros servicios. Luego de evaluar precios similares a los del mercado, la familia decidió avanzar con la contratación para celebrar los 15 años de su hija en diciembre.
Siempre según la denuncia, en julio de 2025 Cortez invitó a los padres a conocer el salón “Pachamama”, ubicado en la Capital, el cual presentó como propio. En ese encuentro, les habría mostrado las instalaciones, explicado cómo se desarrollaría el evento y ofrecido servicios adicionales sin costo si firmaban el contrato y abonaban el monto total ese mismo día.
Convencidos por lo expuesto, los denunciantes firmaron el contrato y realizaron transferencias que, con el correr de los meses, alcanzaron la suma total de 2.650.000 pesos. Además, relataron que el organizador solicitaba pagos adicionales por distintos servicios y apuraba constantemente las transferencias, incluso para la contratación de un supuesto fotógrafo, cuyo contacto nunca fue brindado.
Durante los meses previos, indicaron que mantuvieron comunicación frecuente con Cortez para definir detalles del evento, como horarios, cantidad de invitados, comida y decoración, sin que se presentaran señales de alerta.
El 19 de diciembre, horas antes del inicio de la fiesta, la familia se dirigió al salón para dejar souvenirs y centros de mesa, pero el lugar se encontraba cerrado. Por indicación del organizador, dejaron los elementos en su domicilio particular.
Ya entrada la noche, comenzaron a recibir llamados de invitados que advertían que el salón estaba cerrado y sin luces. Al llegar al lugar, los padres encontraron a todos los invitados en la vereda, sin ningún tipo de preparación ni personal.
Los intentos por comunicarse con Cortez resultaron infructuosos. Finalmente, una persona que atendió su teléfono indicó que el organizador se encontraba internado por un supuesto intento de suicidio. Minutos después, se presentó en el lugar Sergio Ayala, quien se identificó como dueño del salón “Pachamama” y aseguró no tener relación comercial con Cortez, afirmando además que no era la primera vez que se hacía pasar por propietario del lugar.
Ante la situación, Ayala permitió que la familia utilizara el salón para realizar al menos un brindis improvisado, ya que el espacio se encontraba completamente vacío y sin ninguno de los servicios contratados.
En la presentación judicial, los denunciantes señalaron que, tras difundir lo ocurrido en redes sociales, fueron contactados por otras personas que afirmaron haber atravesado situaciones similares con el mismo acusado. Además, indicaron que el propio salón “Pachamama” publicó un descargo en Facebook aclarando que Cortez no era dueño ni socio del lugar. El día siguiente al hecho, el acusado se habría comunicado ofreciendo disculpas y prometiendo devolver el dinero, algo que, según la denuncia, nunca ocurrió, pese a intimaciones posteriores mediante carta documento.
Como prueba, la familia aportó conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias, el contrato firmado, audios, publicaciones en redes sociales y ofreció testimonios de familiares, invitados y del propietario del salón. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió un delito y establecer las responsabilidades correspondientes.
