Mario Rodrigo Del Campo, sospechado de liderar la banda de los usurpadores, solicitó un careo con el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien investiga la causa, entre otras personas.
Pidió un careo con el fiscal que investiga la causa. También solicitó estar frente a su expareja y ante Alexis Sarroca.
Mario Rodrigo Del Campo, sospechado de liderar la banda de los usurpadores, solicitó un careo con el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien investiga la causa, entre otras personas.
Un familiar de Del Campo acercó a El Ancasti una nota a nombre del imputado, en la que expuso que el 28 de mayo de este año, pidió carearse con Costilla; con los abogados querellantes, Alejandra Sauzuk y Germán Bordón; con Franco Alexis Sarroca, acusado por las presuntas criptoestafas de Adhemar Capital; y su expareja, Marcela Beatriz Pacheco, entre otros.
Del Campo quiere estar cara a cara con Costilla para que el fiscal le diga “dónde están las propiedades que usurpé”. También remarcó que hizo esta solicitud “ante las falaces afirmaciones de Costilla de que en la prestigiosa escribanía de la señora Ponferrada y de Jerónimo Mauvecín se realizaban chanchullos para estafar a la gente”.
En este sentido, Del Campo señaló que él pretende que Ponferrada y Mauvecín “digan ante el juez si en algún momento propuse actos para engañar o estafar a alguna persona y si ellos habrían avalado estos ilícitos”.
En el decreto de determinación de los hechos, el fiscal precisó las funciones que cumplió cada miembro de la banda de los usurpadores. Según Costilla, Del Campo fue “el nexo coordinador jerárquico” y quien dio participación al resto de los integrantes de la banda. Para el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Del Campo seleccionó a “empleados de áreas estratégicas para poder perfeccionar los delitos”.
Esto es: trabajadores de Fiscalía de Estado, de Juzgados de Primera Instancia Comercial y de Ejecución de Primera y Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial; de la Oficina de Notificaciones y Mandatos; de la Unidad Judicial N°8 de la Policía Judicial; de la Policía; del Banco Nación Argentina; de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmobiliaria; de la Dirección General de Catastro.
La abogada Grisel Rocío Gordillo, pareja de Del Campo y empleada de Fiscalía de Estado, era quien, en la ejecución de los títulos de crédito, patrocinaba en la mayoría de las demandas.
Juan Pablo Collantes, otro de los acusados, era uno de los integrantes que prestó su nombre para ostentar la calidad de actor en las ejecuciones judiciales, recibiendo dinero a cambio.