La Justicia Electoral consideró que la medida adoptada por la conducción nacional carecía de sustento legal.
La Justicia Electoral declaró la nulidad de la intervención que el PRO Nacional había dispuesto sobre el partido en Catamarca y consideró que la decisión fue adoptada por una autoridad sin competencia para hacerlo y sin fundamentos suficientes que justificaran una medida de ese alcance.
La resolución hizo lugar a la impugnación presentada por el apoderado del PRO Catamarca, Carlos Molina, y por la presidenta de la Asamblea Provincial, Patricia Tapia, quienes habían cuestionado la decisión adoptada el 27 de abril por el presidente del Consejo Directivo Nacional del partido, Mauricio Macri, mediante la cual se intervino el distrito y se designó al dirigente cordobés Enrique Cesarini como interventor.
En su fallo, el magistrado recordó que la intervención de un partido político constituye una medida excepcional, de aplicación restrictiva, ya que implica el desplazamiento de las autoridades elegidas por los afiliados. En ese sentido, sostuvo que la Carta Orgánica del PRO establece expresamente que esa facultad corresponde al Consejo Directivo Nacional y requiere una decisión colegiada con la aprobación de la mitad más uno de sus integrantes.
Por ese motivo concluyó que la resolución firmada únicamente por el presidente del partido no cumplió con los requisitos estatutarios y, por lo tanto, carecía de validez. El juez también advirtió que la supuesta ratificación posterior por parte del Consejo Directivo no fue incorporada al expediente y que, además, se produjo cuando la causa ya estaba en condiciones de ser resuelta.
La sentencia también descartó que existieran razones suficientes para intervenir el distrito. Si bien reconoció que durante el proceso interno se produjeron desacuerdos entre distintos sectores partidarios, entendió que esos conflictos contaban con mecanismos específicos de resolución previstos tanto en la legislación electoral como en la propia organización partidaria.
En esa línea, destacó que el proceso electoral interno ya se encontraba en marcha y que el Juzgado Federal con competencia electoral en Catamarca había intervenido previamente para resolver las controversias surgidas durante el desarrollo de la elección. Además, señaló que no se verificaban situaciones de acefalía, anormalidad institucional o incumplimientos que pusieran en riesgo el funcionamiento del partido y justificaran una intervención de la conducción nacional.
El conflicto interno del PRO se había profundizado durante la renovación de autoridades partidarias, cuando dos sectores disputaban la conducción del distrito. Mientras una lista era encabezada por Carlos Molina, otro espacio impulsaba la candidatura de Facundo Miranda, quien había cuestionado públicamente la transparencia del proceso electoral y denunciado presuntas irregularidades.
En ese contexto, la conducción nacional resolvió intervenir el distrito por 180 días y designó a Enrique Cesarini como interventor, argumentando la existencia de una grave crisis institucional. Sin embargo, esa decisión fue impugnada por las autoridades partidarias de Catamarca, que sostuvieron que se había vulnerado la autonomía del distrito y que la intervención respondía a una decisión arbitraria.