El brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe en diciembre del año pasado, ha vuelto a encender el debate nacional sobre la necesidad de reducir la edad de imputabilidad penal en Argentina. El caso adquirió particular relevancia al conocerse que dos de los tres menores involucrados en el crimen tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles bajo la legislación actual.
La crudeza de los hechos ha movilizado a diferentes sectores políticos a replantear la urgencia de esta reforma. Según fuentes del Gobierno nacional, existe una fuerte intención de acelerar el tratamiento de este tema, que originalmente estaba previsto para debatirse en el marco de una reforma integral del Código Penal durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo.
El asunto será sometido a debate en la reunión de mesa chica política del próximo lunes en Casa Rosada, donde se definirá la estrategia a seguir.
Sin embargo, no todos en el Gobierno comparten la urgencia de tratar el tema de manera aislada. Algunos dirigentes sostienen que debe abordarse en su integralidad junto al resto de las modificaciones del Código Penal que se encuentran en elaboración final. "La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando", marcó una importante fuente gubernamental.
Esta postura más cautelosa considera que el proyecto debe ser prioritario una vez inauguradas las sesiones ordinarias en marzo, pero tratado como parte de un paquete más amplio de reformas penales.
De hecho, la reforma del Código Penal ya había sido incluida en el temario de extraordinarias de diciembre pasado.
De todas formas, nunca llegó a tratarse por falta de consenso y porque la Casa Rosada priorizó las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el proyecto de Modernización Laboral.
En mayo del año pasado, La Libertad Avanza había logrado que la baja de imputabilidad obtuviera dictamen en la Cámara de Diputados bajo la denominación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, diseñada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El texto fijaba un plazo de 15 años para las penas privativas de libertad de adolescentes y disponía que debían ser alojados en institutos adecuados o en secciones separadas de los adultos en establecimientos carcelarios. Sin embargo, en este caso no se puede accionar contra los menores, ya que dos de ellos tienen 14 años.
