Vulnerabilidad. El femicidio de Nancy Godoy permitió visibilizar la situación de desprotección de los maestros rurales.
2 de noviembre de 2026 - 00:05
El femicidio de Nancy Godoy, en la provincia de Corrientes, conmovió al país y puso de manifiesto algo más que el horror de un crimen. Dejó a la vista las condiciones de enorme vulnerabilidad en las que la docente desarrollaba su tarea. Lejos de tratarse de un caso aislado, esas condiciones son un común denominador de los maestros rurales, que sostienen la presencia del Estado en los rincones más alejados del territorio a costa de sacrificios generalmente no reconocidos debidamente.
Para cumplir con su rol en la Escuela Rural N.° 626, en el paraje El Malezal, Godoy debía quedarse a dormir en un predio privado, la Estancia El Curupí. Para llegar a la escuela, dejaba en Esquina el asfalto, avanzaba por 70 kilómetros de tierra seca y se metía en un territorio sin mapa ni señal en el celular. Luego hacía una hora y media a caballo, a merced del puestero de turno. Una tarea que requería enormes sacrificios para cumplirla, con un grado de indefensión escalofriante y por salarios insuficientes.
La víctima, además, había advertido sobre lo que ocurría. Poco antes de ser asesinada alertó a la Supervisión de Educación de esa provincia litoraleña, en una carta escrita a puño y letra, sobre la situación de abandono absoluto que sufría la Escuela 626. También se conoció un audio que le envió a una amiga, en el que describía las condiciones en las que debía pernoctar: “A la noche no sabés el asco que dan los bichos. Yo soy pobre, vos me conocés, en mi casa tengo hasta nylon, pero el olor de los murciélagos no sabés lo que es”. En la misma grabación, la docente hacía referencia a la respuesta que había recibido de la supervisora: “Yo todo eso le dije y me dice ‘haga una nota nomás’, pero me pareció que no iba a hacer nada”.
La precaria situación de las escuelas rurales, y los enormes sacrificios que hacen docentes y alumnos para dictar clases o cursar sus estudios, es un lugar común en todo el país. La precaria situación de las escuelas rurales, y los enormes sacrificios que hacen docentes y alumnos para dictar clases o cursar sus estudios, es un lugar común en todo el país.
La precaria situación de las escuelas rurales, y los enormes sacrificios que hacen docentes y alumnos para dictar clases o cursar sus estudios, es un lugar común en todo el país. Catamarca no es la excepción. En los últimos meses se registraron numerosos reclamos sobre las dificultades que existen en las escuelas del interior. En agosto, docentes de Fiambalá denunciaron que las lluvias habían provocado filtraciones y anegamientos en las aulas, un problema que volvió a cobrar relevancia el 31 de octubre, cuando se produjo el desprendimiento de un cielorraso en la Escuela N.º 128, ubicada en el barrio Entre Ríos. En mayo, padres de la localidad de San Pedro realizaron una toma de la escuela para reclamar por problemas edilicios y la falta de personal de servicios generales. A comienzos del ciclo lectivo, la Escuela N.º 215 de Tinogasta quedó en el centro de las denuncias por la presencia de una plaga de cucarachas dentro del establecimiento. En la Escuela N.º 218 de Malli, Andalgalá, estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado permanecían sin actividad regular debido a la falta de docentes. En El Portezuelo, la interrupción del transporte escolar afectó a unos 60 estudiantes de distintos parajes rurales. Y en Saujil, estudiantes del IES Pomán reclamaron por demoras en la cobertura de materias y cargos docentes, con consecuencias sobre el desarrollo de las carreras.
Hay que reconocer que en lo que va del siglo, Catamarca construyó numerosas escuelas rurales y se consiguió la total erradicación de las escuelas ranchos, un logro que marca una diferencia sustantiva con el pasado. Pero queda mucho por hacer, tanto en materia de infraestructura edilicia como en la implementación de medidas que permitan a docentes y alumnos cumplir con el ciclo lectivo en mejores condiciones, de no tanta vulnerabilidad.
El femicidio de Nancy Godoy no puede quedar como una noticia más: debe ser el punto de partida para que el Estado revise, en cada provincia, cómo cuida a quienes llevan la escuela adonde casi nadie llega.
