La Corte de Justicia ordenó el cese de prisión preventiva de José Javier Aguilar, el acusado. El 20 de febrero se sorteará juez director para un nuevo juicio popular.
En libertad. Se impusieron algunas medidas a José Javier Aguilar.
Luego de que la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolviera la nulidad del veredicto popular que halló culpable a José Javier Aguilar por la muerte del policía Carlos Diego Chávez, se hizo lugar a un pedido de la defensa y se ordenó el cese de prisión preventiva. Aguilar se encuentra privado de la libertad desde el 29 de mayo de 2022, cuando sucedió el hecho de sangre que el costó la vida a Chávez.
Una vez conocido el fallo de Corte, el defensor Jorge Rafael Bracamonte (h) efectuó el planteo. Oportunamente, la prisión preventiva de Aguilar había sido prorrogada. No obstante, la Sala Penal advirtió que el plazo máximo legal previsto para esa medida cautelar se encuentra vencido.
Además, junto con la nulidad del veredicto popular, la Sala Penal dispuso la realización de un nuevo juicio por jurados. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial llevará a cabo el sorteo de juez director el próximo 20 de febrero a fin de iniciar el trámite correspondiente del nuevo juicio por jurados.
Los ministros de la Sala Penal, Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, consideraron que mantener el encarcelamiento preventivo implicaría un adelantamiento de pena respecto de una persona que, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de Derechos Humanos, debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme. En este sentido, esta Sala indicó que una vez cumplidos los plazos máximos de prisión preventiva, la libertad debe ser ordenada aun cuando subsistan riesgos procesales.
De esta manera, se dispuso la inmediata libertad del imputado, bajo estrictas obligaciones y restricciones. Tales medidas son fijar domicilio en la Primera Circunscripción Judicial (sin poder residir en el lugar donde ocurrió el hecho), comunicar cualquier cambio de domicilio, abstenerse de mantener contacto con el grupo familiar de la víctima, presentarse semanalmente a firmar ante la Oficina de Gestión de Audiencias, no salir del país y comparecer ante cada citación judicial.
El viernes 29 de abril de 2022, por la tarde, en Valle Chico, el policía Carlos Diego Chávez (38), padre de dos hijos y esposo de una maestra de música, se trasladaba en un móvil de Bienestar Policial, en compañía de una cabo, realizando notificaciones en el citado complejo habitacional. Chávez advirtió que un grupo de obreros que se encontraba en el lugar pedía auxilio.
Los trabajadores les indicaron que en una casa cercana, una mujer gritaba pidiendo ayuda. Cuando el policía concurrió al lugar para verificar la situación, Aguilar salió repentinamente de la casa, con un cuchillo y encaró al policía quien le pidió que bajara el arma blanca. El puntazo ingresó en el costado derecho del tórax de Chávez, quien perdió abundante cantidad de sangre. La autopsia concluyó que las lesiones que había sufrido le provocaron la muerte por un “shock hipovolémico por hemotórax por lesión de arteria pulmonar y pulmón derecho”.
Por este hecho, Aguilar fue imputado por "homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad". El 23 de agosto de 2024, un jurado popular lo declaró culpable por este delito. La defensa de Aguilar presentó un recurso de casación y la Corte de Justicia hizo lugar. De esta manera, la Sala Penal de del máximo tribunal catamarqueño de Justicia sentó un precedente judicial al declarar nulo un veredicto de culpabilidad de un jurado popular. Por ello, ordenó realizar un juicio por jurados.
Expediente
