El docente reclamó el archivo del expediente y denunció un intento de frenar la protesta salarial docente.
El docente Bruno Corzo, imputado por la Justicia Federal tras participar de un corte en la Ruta 38 el pasado 7 de marzo, reiteró su pedido para que se archive el expediente. En diálogo con "Tiempo Real", de Ancasti Streaming, el profesor enmarcó la acusación por entorpecimiento del tránsito en un intento de frenar los reclamos salariales docentes y advirtió que se trata de una causa de interés general.
"Estoy imputado en una causa federal, encuadrada en el artículo 194 del Código Penal, por entorpecimiento del servicio público", explicó Corzo. Los hechos se remontan al 7 de marzo de este año, en el marco de las movilizaciones de los docentes autoconvocados por reclamos que incluyen "la actualización salarial, la estabilidad laboral, la cobertura de cargos, la infraestructura y el presupuesto" en defensa de la educación pública. Según relató el docente, aquel día se realizó un "corte simbólico" en dos puntos simultáneos de la Ruta 38: uno en dirección al Pantanillo, y otro en dirección a la caminera hacia Paclín. "En mi caso estaba junto con otros colegas en el segundo punto", precisó y remarcó que se trató de una acción en el marco de un paro nacional y provincial.
El pedido de sobreseimiento que formalizó junto a su abogado, Humberto Galíndez, agregó un dato sustancial en la causa: aquel día, tanto Gendarmería Nacional como la Policía provincial estuvieron en el lugar, ordenaron el tránsito y nunca intimaron a los manifestantes a levantar la medida. "Hemos rechazado toda esta acusación y hemos pedido el sobreseimiento y el archivo, sobre todo fundado en la justicia de los reclamos y, a partir de esto, en la defensa del derecho a protesta, que creo que es lo que está en juego", señaló Corzo.
Consultado sobre cómo recibió la citación judicial, el profesor manifestó que inmediatamente conversó con sus compañeros de militancia y entendió que se trata de "un acto de restricción de este derecho democrático, ahora por la vía judicial". En ese sentido, denunció que el gobernador ya había intentado frenar la protesta "mediante amenazas públicas, los famosos sumarios o los descuentos", y vinculó esta avanzada con "la política del Gobierno Nacional" de "sacar a los trabajadores, sacar la protesta de la calle, en un contexto social muy crítico".
En cuanto al respaldo recibido frente a la denuncia, el docente valoró el apoyo de entidades como la CONADU Histórica y gremios de otras provincias, pero fue contundente respecto al silencio de los sindicatos locales. "Han elegido omitir cualquier tipo de pronunciamiento. Y esto creo que lo pinta de cuerpo entero. Nosotros tenemos enormes diferencias con las conducciones gremiales, pero entendemos que esto se trata de un derecho fundamental", señaló.
Para hacer frente a la situación y visibilizar el caso, docentes y allegados impulsan la recolección de firmas a través de la cuenta de Instagram Campaña por Bruno Corzo. "Protestar no es delito, protestar es un derecho fundamental de los trabajadores, de los oprimidos en general. Nos parece que es un derecho que debe ser reivindicado", finalizó el docente.
