El diputado Alfredo Marchioli (UCR) presentó ante la Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5898, que autorizó al Ejecutivo a contraer un nuevo endeudamiento. La medida judicial, según explica el legislador, busca frenar lo que califica como "un plan ilegal para financiar la campaña del gobierno a costa del pueblo catamarqueño".
“Vamos a frenar el endeudamiento ilegal que busca financiar la campaña política del Gobierno, mientras el pueblo tiene sus bolsillos cada vez más vacíos, paga más y gana menos”, dijo Marchioli destacando que la impugnación se apoya en "múltiples irregularidades registradas durante el tratamiento legislativo de la norma".
“La sesión estuvo manchada por vicios groseros: se omitió la votación nominal solicitada por varios diputados, se impuso una mayoría simple donde se requería una mayoría agravada y se ignoraron las normas elementales del reglamento legislativo”, denunció advirtiendo que la aprobación de la ley "vulneró mandatos constitucionales que exigen mayorías especiales para autorizar deuda pública".
Para Marchioli, el crédito que intenta gestionar el Ejecutivo "no tiene como destino obras públicas, mejoras en salud, educación o infraestructura productiva", sino que "constituye una herramienta de financiamiento electoral". En ese marco, afirmó que “esta deuda está diseñada para terminar las obras que enriquecen los bolsillos del Gobernador, pagar favores, propaganda, operadores y dádivas”.
En ese sentido, subrayó que el endeudamiento proyectado “no es solo una cuestión institucional, sino también un límite político y social”, y vinculó "el uso discrecional de los fondos públicos a un entramado de irregularidades que podrían configurar delitos penales graves".
“Si insisten en avanzar por esta vía, impulsaremos acciones penales para que los responsables rindan cuentas. Hablamos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude a la administración pública”, alertó.
El diputado también apuntó contra el manejo general de las finanzas provinciales. “Mientras avanza con un nuevo endeudamiento, Jalil aumenta los aportes a la obra social de los empleados públicos, recorta el poder adquisitivo de los trabajadores, autoriza subas en las tarifas eléctricas, elimina programas sociales como One Shot y Días de Ensueño, y miente sobre la coparticipación para presionar a los intendentes”, dijo.
