Celebrado en la Casa Rosada como un blindaje, el naufragio de la sesión especial convocada para tratar el DNU/70 en Diputados admite una lectura menos festiva. A la oposición le faltaron ocho bancas para el quórum, pero al oficialismo le faltan los votos para convalidar en el recinto el decreto con que inauguró su gestión. El orden libertario consiguió impedir que el Congreso se pronunciara sobre su texto fundacional porque descuenta que, si lo hiciera, perdería.
El DNU 70/2023, con sus 366 artículos, fue rechazado por el Senado en marzo de 2024. Desde entonces sobrevive por omisión: la Cámara baja nunca lo trató.
Al Gobierno le bastaría con que Diputados desestimara el rechazo de los senadores para cerrar el trámite y despejar la amenaza. Ni siquiera lo intenta porque carece de la fuerza indispensable para ganar esa pulseada, que sería definitiva.
El episodio que precipitó la crisis es esclarecedor. El Gobierno ya había desistido de quitar las resctricciones a la venta de tierras a extranjeros. Ante el rechazo social, en agosto retiró ese capítulo de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero el 29 de septiembre la Corte Suprema revocó, por falta de legitimación de los demandantes, la inconstitucionalidad del artículo del decreto que derogaba la Ley de Tierras que había dictaminado un juzgado de primera instancia. Así, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, repuso la derogación establecida en el DNU 70.
El fallo dejó al desnudo lo que la retirada legislativa disimulaba. La venta libre de campos a extranjeros no dependía de la ley, sino del DNU. Y como los DNU no pueden votarse por partes, la única forma de restituir la Ley de Tierras era anular sus 366 artículos.
Un solo artículo convirtió al texto fundacional de la administración libertaria en rehén de trabajosas tratativas. La oposición encontró la bandera popular que le faltaba; los aliados, un dilema: no era posible sostener las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros sin voltear el decreto completo.
El rescate llegó de la misma Corte diez días después, con una cautelar interina que suspendió el artículo de las tierras. Eso le dio margen de maniobra al Gobierno para malograr el quórum de la sesión de ayer.
Un detalle que conviene considerar: los aliados cobran por la ausencia, no por respaldar el programa.
Las precariedades oficialistas tienen su reflejo exacto en la vereda antagónica. La oposición no tiene los números para avanzar en lo que sería la derogación de una parte sustancial del programa libertario.
El DNU 70 no se sostiene por la fuerza de quienes lo dictaron, sino por la dispersión de quienes podrían derogarlo.
Ironías de las grietas. A Milei lo salva un dispositivo pergeñado por los denostados kirchneristas. La ley que exige el rechazo de ambas cámaras para voltear un DNU fue impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner para blindar los decretos de su marido.
Las insuficiencias concurrentes del oficialismo y la oposición impregnan todo el sistema político y magnifican sus incertidumbres. Desde 2023 la Argentina está atrapada entre dos poderes de veto: el de Milei sobre las leyes del Congreso y el del Congreso sobre los DNU de Milei.
La jornada de ayer exhibió las dos caras. En el Congreso, el quórum que no llegó. Afuera, la Marcha Federal Universitaria, que ilustra inmejorablemente el limbo.
Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario; el Congreso insistió; el Gobierno la promulgó y la suspendió por decreto; la Justicia declaró inconstitucional la suspensión y ordenó aplicarla. El Gobierno no cumple.
Esto es: una ley sancionada, un veto derrotado, fallos judiciales a favor y el cumplimiento postergado “sine die”. El Ejecutivo descubrió que, cuando el Congreso le gana, todavía le queda un tercer veto: no hacer.
Un Gobierno cuyos aliados no se atreven a convalidarle a cara descubierta una parte sustancial de su programa y una oposición que llega a derogarlo.
El espejo de las fragilidades. n
