A más de diez meses del hallazgo del cuerpo del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, los nulos resultados de la investigación reactivaron la presión sobre el fiscal Hugo Costilla para que profundice indagaciones sobre la administración de la cartera, en la hipótesis de que de allí podrían surgir pistas sobre los móviles del crimen.
Fernando Rojas concatena la incertidumbre con sospechas sobre una eventual participación del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo en maniobras encubrimiento que omiten un elemento demasiado significativo: fue el propio Barrionuevo quien desacreditó la versión de que Rojas había muerto por causas naturales y advirtió que lo habían asesinado. De no haber sido por esto, el cadáver hubiera sido sepultado y no se le habría practicado la segunda autopsia, que verificó el crimen.
La desesperación de los hijos del malogrado ministro es comprensible, pues la Justicia no les ofrece respuestas y el fiscal original de la causa, Laureano Palacios, terminó inesperadamente absuelto y ratificado en su puesto por un fallo dividido del tribunal de Jury de enjuiciamiento. Barrionuevo sindicó al vicegobernador Rubén Dusso como instigador de esta sentencia absolutoria, pero fue una apreciación de corte político, no jurídico. Ya declaró como testigo y lo hará nuevamente junto a parte de la cúpula del sindicato gastronómico en función de un planteo de la querella, pero es improbable que pueda aportar más datos de los que ya dio.
En este marco, Fernando Rojas hizo trascender la grabación de una conversación que mantuvieron en febrero con gente del gremio de la que no surge ningún elemento determinante. Se trata de comentarios sobre la marcha de la causa y el contexto político que la envolvía por entonces, conjeturas y manifestaciones de esperanza sobre un pronto esclarecimiento en base a pruebas que pudieran extraerse de los teléfonos celulares y nuevas pericias en la escena del crimen. Nada de eso ocurrió y tampoco se han registrado avances en la causa por encubrimiento, abierta también a instancias de la familia Rojas, que ante la esterilidad de las indagaciones oficiales dice haber desarrollado una suerte de investigación paralela.
Lo único que puede afirmarse a esta altura de los acontecimientos es que el Caso Rojas rumbea a la impunidad sin que, aproximándose al año, se haya podido determinar si tal circunstancia obedece a la impericia con que se llevaron adelante las pesquisas en un principio, a maniobras deliberadas de encubrimiento o a una combinación de ambos factores.
Junto a los dos abogados de la matrícula elegidos por sorteo, los dos representantes políticos del oficialismo en el jury, el senador Oscar Vera y la diputada Cecilia Guerrero, salvaron a Palacios de la destitución contra los votos de la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, y la diputada Juana Fernández.
Las razones para la condena de Rosales y Fernández, en consonancia con las que había esgrimido el fiscal Miguel Maubecín, radicaban en que el desempeño de Palacios había lesionado severamente el prestigio del Poder Judicial, pero como la mayoría del tribunal desestimó este argumento la carga de revertir esta oprobio recayó por entero sobre el fiscal Costilla, que no ha conseguido reunir aún elementos suficientes como para montar una acusación. Costilla recurrió hasta a la Justicia de los Estados Unidos para tratar de que Google, que tiene sede en California, proporcione información sobre los movimientos de los celulares que interactuaron en los días del crimen en la casa de Rojas y sus adyacencias.
La causa podría extenderse en el tiempo indefinidamente, pero de su desenlace depende que el descrédito que pesa sobre la Justicia se atenúe. Si no puede conseguir el esclarecimiento Costilla debería, llegado el caso, explicar los motivos.
Porque acá, hasta ahora, no solo se desconoce quién o quiénes mataron a Rojas y por qué. Tampoco hay responsables del fracaso de la investigación y no faltará quien pretenda endilgarle el indeseable sambenito a Costilla.