Confesión de parte

El expediente Rojas continúa con Silvina Nieva cargando la imputación por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y alevosía”. La pobre mujer debe soportar tamaño sanbenito por la inoperancia del sistema judicial.

Del mismo modo, no han vuelto a surgir novedades sobre la investigación de Costilla contra la supuesta asociación ilícita comandada por Mario Rodrigo del Campo, iniciada espectacularmente hace dos meses, también bajo el influjo de los jurys. La causa involucra agentes judiciales y dejó de arrojar noticias desde que se hizo evidente que las estafas procesales endilgadas a la pandilla eran imposibles de perpetrar sin la participación de los jueces del fuero Comercial y de Ejecución. Igual Del Campo y sus presuntos secuaces están con prisión preventiva.

La Justicia local puede justificar sus escasas consideraciones por los derechos de los reos poco prestigiosos o despojados de palancas influyentes con el proceder de la Justicia Federal, que no le va en zaga: los encartados por las criptoestafas llevan tres años presos sin que se les resuelva la situación y les extendieron la medida cautelar por seis meses más.

Encubrimiento

Las disposiciones tomadas por Costilla ahora tienden a enmendar fallas de un proceso al que se incorporó pocas horas después de que Luis Barrionuevo interrumpiera la inercia de la muerte natural con la estruendosa denuncia de que a Rojas, secretario general del sindicato de gastronómicos local al que estaban a punto de cremar, su amigo e incondicional brazo derecho, lo habían matado.

La inexperiencia de Palacios, que había asumido pocas semanas antes y debutaba con semejante escándalo, se tradujo en un desconcierto que la Procuración General intentó corregir designándole a los más experimentados Costilla y Alejandro Gober, actual Fiscal General, como coadyudantes.

El 16 de diciembre Palacios fue apartado de la causa, rumbo a un jury en el que finalmente resultaría absuelto en polémico fallo dividido. Costilla quedó entonces dueño exclusivo de la investigación, que administró con hermetismo.

Recién 28 meses después de entrar en liza, ya con el aliento del Jury en la nuca, tomó dos resoluciones de alto impacto.

En la primera, encaminada a organizar la reconstrucción del hecho, señala que aparecieron “serios indicios que sugieren una posible maniobra de limpieza profunda, antes y después del hallazgo del cuerpo sin vida y la contaminación” de la escena del crimen.

No especifica en qué momento de los dos años y medio que llevan sus indagaciones surgieron estas evidencias, pero marca como eventual responsable de las alteraciones al hijo del occiso, Fernando Rojas, que fue quien encontró el cadáver.

El fiscal argumenta que para reconstruir el crimen en forma adecuada debe considerarse la incidencia de estas operaciones de supuesto encubrimiento, por lo que ordena convocar a todo el personal judicial y policial que participó de las 13 inspecciones oculares de la escena, las autopsias y el análisis de las pruebas, además de rastrear nuevos indicios que puedan haber quedado sin relevar, aplicando la tecnología que sea necesaria.

Falta el CUIT

La segunda resolución enfoca al Ministerio de Desarrollo Social que Rojas comandaba al momento de su traumático deceso y solicita al Tribunal de Cuentas que informe sobre las auditorías realizadas sobre las rendiciones de cuentas de la cartera hasta el crimen, en particular sobre dos expedientes que suman 235 millones de pesos.

También solicita al Ministerio de Capital Humano de la Nación que informe si hubo auditorías, revisiones o requerimientos sobre la administración de fondos nacionales ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca “que pudieran haber constituido un foco de conflicto o preocupación” para Rojas.

El fundamento para esta consulta al Ministerio de Capital Humano es una delicia.

Costilla hace referencia a una “lacónica respuesta formulada por la Dirección general de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación” a un requerimiento de la Fiscalía y la transcribe: “Con los datos aportados no resulta posible identificar erogaciones de fondos a favor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Catamarca, por lo cual se solicita tenga a bien proporcionar número de CUIT del referido Ministerio”.

El requerimiento que recibió tan breve réplica fue realizado por él mismo en 2023. Dos años después lo reitera, ya adjuntando el número de CUIT que faltaba y que no mandó antes vaya a saberse por qué.

El fiscal no explica las razones por las que recién ahora apresura el expediente Rojas. En unas declaraciones periodísticas recientes insinuó que existe una conjura para desplazarlo del puesto y advirtió que, llegado el caso, se verá obligado a revelar ante el Jury y la opinión pública detalles de la causa que podrían malograrla.

La presión social por el esclarecimiento del homicidio es significativamente menor a la de los primeros tramos de la investigación, cuando los hijos de Rojas encabezaban marchas semanales pidiendo justicia. Las nuevas medidas no son por hechos nuevos, sino para profundizar sobre hechos viejos. El único hecho nuevo desde 2022 es el Jury, sobre el que el fiscal Augusto Barros debe expedirse esta semana.

Las extemporáneas resoluciones del fiscal se parecen demasiado a una confesión de parte.

Las disposiciones tomadas por Costilla tienden a enmendar fallas de un proceso al que se incorporó pocas horas después de que Luis Barrionuevo interrumpiera la inercia de la muerte natural con la denuncia de que a Rojas lo habían asesinado. Las disposiciones tomadas por Costilla tienden a enmendar fallas de un proceso al que se incorporó pocas horas después de que Luis Barrionuevo interrumpiera la inercia de la muerte natural con la denuncia de que a Rojas lo habían asesinado.