Contra el fiscal también recaen otras dos denuncias por mal desempeño de sus funciones.
El gobernador Raúl Jalil aceptó la renuncia del juez de Control de Garantías nº1, Héctor Rodolfo Maidana, para acogerse al beneficio de la jubilación. De esta forma, el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, quedó solo en el proceso que se abrió en el Tribunal de enjuiciamiento por el escándalo del acuerdo de partes entre víctimas y victimarios del asalto en el barrio Parque América.
A principio de semana, se conoció que Maidana había presentado su renuncia al cargo de juez para pasar a retiro. No obstante, el magistrado había solicitado que su paso al costado recién se iba hacer efectivo el 1 de abril, teniendo en cuenta que el 31 de marzo cumple los 65 años.
La presentación se concretó ante el Gobernador teniendo en cuenta que es el titular del Ejecutivo el que (por mandato constitucional) propone los pliegos de los jueces y fiscales ante la Cámara de Senadores para que el cuerpo le dé el acuerdo. De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, Jalil firmó el decreto para que Maidana pueda jubilarse a partir del mes próximo.
Ante esta situación se producen dos hechos de relevancia de cara al futuro inmediato. Por un lado, quedará bacante el Juzgado de Maidana, que deberá ser cubierto con un nuevo magistrado. Por el otro, el pedido de jury que pesaba sobre él queda sin materia. En este sentido, Costilla, el otro protagonista del escándalo de las absoluciones pagas, deberá afrontar el proceso abierto en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados y miembros del ministerio público en soledad. A esta situación, se le agrega que Costilla tiene otros dos pedidos de jury en su contra.
Juez y fiscal habían sido denunciados por el diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueña) por firmar el acuerdo de partes que liberó a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, todos ellos imputados por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”, por el asalto a los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso, y Carlos Gonzalo Varela Villegas. Maidana y Costilla fueron acusados de mal desempeño en sus funciones, ignorancia inexcusable del derecho y de haber incurrido en el delito de prevaricato.
Aparte de la denuncia de Ávila, sobre Costilla pesan las presentaciones realizadas por el ex funcionario municipal y empresario Cristian Guillou y por la familia del ex ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas. Ambos planteos tienen un denominador común, un supuesto mal desempeño del fiscal que habría perjudicado a los denunciantes.
Guillou, con el patrocinio del abogado Eduardo Aguilar, presentó un pedido de jury contra el fiscal Costilla, acusándolo de “mal desempeño de sus funciones”. Esa presentación está vinculada al escándalo de la compra-venta y posesión del local bailable “Wika” entre el empresario y el condenado “trader god” Edgar Adhemar Bacchiani. Por este hecho, se abrieron varias causas judiciales siendo que los expedientes vinculados al fuero penal recayeron en la Fiscalía de Costilla. En aquel expediente, el juez de Control de Garantías Nº4, Marcelo Sago, recriminó a Costilla que no profundizó en la investigación sobre una posible insolvencia fraudulenta de Adhemar Bacchiani, quien se presentaba como propietario del boliche bailable.
Por otra parte, Fernando y Natalia Rojas, hijos del ex ministro de Desarrollo Social, denunciaron al fiscal por mal desempeño en las causas en las que se investigan el asesinato de su padre y el encubrimiento del crimen. Los hijos de Rojas, que son asesorados por el abogado Iván Sarquís, presentaron ante el Tribunal de Enjuiciamiento algunos de los elementos que consideraron relevantes para la causa. “Hay una inacción por parte del Ministerio Público respecto del anoticiamiento sucesivo y reiterado de una gran cantidad de delitos que se van verificando, inclusive con cierto grado de semiplena prueba y algunos falsos testimonios respecto de los cuales el fiscal no ha tomado ninguna medida, a pesar de que la investigación lleva más de 25 meses”, justificó Sarquís en la presentación.
Se conoció que el próximo martes, el Tribunal del Jury se reunirá para avanzar en el expediente iniciado por el diputado ávila. También se espera que los miembros del jury definan si declaran admisibles las presentaciones de Guillou y la familia Rojas. En ese caso se podrían sumar esas dos denuncias al expediente por el acuerdo de partes.
Como ya se informó, luego de que el Tribunal considerara admisible la denuncia de Ávila, corrió traslado a los denunciados para que se defiendan. A la par de este proceso, la Sala Penal de la Corte anuló el acuerdo de partes firmado por Maidana y Costilla y solicitaba que la causa del asalto a los Rolón Reynoso siga siendo investigada. La definición de la Sala Penal fue impugnada por los abogados de los asaltantes ante la Corte de Justicia, hasta la fecha, sin definiciones.
Juez y fiscal se defendieron y se corrió traslado al fiscal ante el jury, Augusto Barros, que en un primer momento pidió inhibirse afirmando tener un vínculo con el juez, pero el Tribunal le negó el planteo.
En su defensa, además de afirmar que su accionar se ajustó a derecho, Maidana había endilgado toda la responsabilidad del escándalo de las absoluciones pagas a Costilla, afirmando que, cuando el acuerdo de partes llegó a su despacho para su homologación, las víctimas ya habían recibido el dinero de parte de sus atacantes.
