miércoles 10 de abril de 2024
Editorial

Cerrado por vacaciones

Cualquier ciudadano sabe lo desgastante que es la burocracia administrativa estatal, lo engorroso que puede resultar hacer cualquier trámite por las demoras inexplicables y por las complicaciones que surgen a diario y que impiden que el expediente tenga resolución según plazos razonables Si estas dilaciones generan enojos en asuntos menores, es fácil intuir la irritación que desencadena cuando se trata de temas particularmente sensibles y de impacto social.

Que cientos de personas no puedan alimentarse diariamente por demoras en los trámites administrativos resulta imposible de justificar. El hambre no sabe de burocracias. Es lo que sucede, según admiten desde el propio gobierno, con 18 comedores emergentes que funcionan –o deberían funcionar- en el Valle Central de la provincia. Estos ámbitos de contención para sectores de alta vulnerabilidad están cerrados desde fines de diciembre, y, si todo marcha bien y no hay nuevos aplazos por falta de una firma o por la ausencia de un papel oficial, recién volverán a abrir a mediados de febrero.

Los responsables de los comedores habían aceptado, porque no tenían alternativa, el cierre durante enero, pero ahora el plazo se ha corrido, según les avisaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, medio mes más. El argumento esgrimido desde la Dirección Provincial de Programas Alimentarios es que la demora obedece a problemas burocráticos que son competencia de otra área, la Secretaría de Compras del Ministerio de Hacienda. Según esta versión, Desarrollo Social presentó toda la documentación en noviembre, y más de dos meses después las partidas para comprar los alimentos aun no salieron.

La creación de los comedores emergentes, que se financian desde la provincia y que son administrados por los propios beneficiarios, se suman a los comedores comunitarios que son abastecidos por el programa Pio de Nación, data de 2018, cuando se agudizó a nivel nacional la crisis económica, con su secuela de pérdida de fuentes laborales. La entonces gobernadora Lucía Corpacci decidió generar esta alternativa que iba a durar solo el invierno de ese año. La crisis se prolongó durante todo el 2019 y luego, desde 2020 hasta ahora, con la vigencia de la pandemia. De modo que lo que se concibió como una opción de emergencia finalmente quedó vigente de manera permanente.

En épocas de crisis como las que vive la Argentina, el Estado necesita de mecanismos ágiles, no exentos de los controles imprescindibles que aseguren transparencia en el trámite, para que la asistencia a los sectores más vulnerados en sus derechos –en este caso al de una alimentación digna- no padezca las intermitencias propias de la burocracia administrativa. El cartel de “cerrado por vacaciones” puede ser atinado en el caso de empresas privadas, pero puesto en un ámbito al que concurren personas en busca de alimento constituye un desatino que no puede admitirse.n

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