Omar Edgardo Ávalos, Néstor Edgardo Tagua y Paola Soledad Storniolo comparten el banquillo de los acusados de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación. Deben responder por presuntas estafas de una línea de créditos del Programa para el Desarrollo del Turismo de Catamarca FONDETUR. Ávalos fue imputado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en calidad de coautor” y “fraude por administración fraudulenta” (tres hechos) y “cohecho”; Tagua, por “fraude en perjuicio de la Administración Pública en calidad de coautor” y Storniolo fue imputada por “cohecho activo”.
El Tribunal estará integrado por los jueces Marcelo Soria, Jorge Palacios y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, quien está acompañado por el abogado de la querella particular en representación del Estado Provincial y actor civil, Mauricio Fuenzalida. En tanto que la defensa estará representada por los abogados Luciano Rojas, en representación de Ávalos; Víctor García, por Tagua y Luis Tula y Jorge Avellaneda, por Storniolo.
El debate empezó el martes. Al inicio de la audiencia, la defensa de la Storniolo había planteado la prescripción. El Tribunal corrió vista a las partes y se pasó a un cuarto intermedio hasta ayer, para que se respondiera.
Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como la querella consideraron que la causa no se encuentra prescripta. En tanto que los defensores Rojas y García estuvieron de acuerdo con la Fiscalía y la querella. No obstante, el defensor Rojas planteó la prescripción por plazo razonable, habida cuenta de que los hechos datan de entre diciembre de 2010 y junio de 2011. La audiencia pasó a un nuevo cuarto intermedio, hasta el miércoles de la semana entrante.
Expediente
La presunta estafa habría ocurrido en diciembre de 2010. Por entonces, Ávalos se desempeñaba como secretario de Turismo de la Provincia. Entre sus funciones, tenía a su cargo la administración, cuidado y todo lo atinente al manejo del programa crediticio FONDETUR. Tales fondos habrían sido otorgados irregularmente. Las sumas oscilaban entre $20.000 y $560.000. Los operadores turísticos recibieron las partidas en diciembre de 2010 y en junio de 2011. Con este dinero, debían remodelar inmuebles que funcionarían para la oferta hotelera provincial, con habitaciones, spa, bar y cava. Sin embargo, el destino de las inversiones no se habría cumplido.
