El teléfono celular de Cinthia Bazán, una de las imputadas por el crimen de Hugo Ariel Ocampo, no pudo ser desbloqueado por lo que los peritos no lograron acceder y extraer la información. Esta prueba era la que esperaba la fiscal de la causa, Yésica Miranda, para pedir la elevación de la causa a juicio. El otro imputado es Enzo Morales.
La familia de Ocampo esperaba que las novedades fueran favorables. El teléfono de Bazán había sido enviado a la provincia de Tucumán para que sea peritado por un equipo de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, el aparato no pudo ser desbloqueado y los técnicos no consiguieron sacar la información que permita echar luz sobre las horas previas al crimen del empleado de seguridad privada.
Esta pericia era la que esperaba la fiscal Miranda para cerrar la investigación y pedir la elevación a juicio. Pese al intento fallido, desde la Fiscalía le confirmaron a la familia que en los próximos días se firmará la solicitud de citación a juicio oral. Debido a la imputación que pesa contra ambos, cuya única pena prevista es la prisión perpetua, el expediente ingresará a la Oficina de Gestión de Audiencias para que se realice el juicio por jurados.
“Al teléfono de ella no lo pudrieron abrir, no se pudo sacar ninguna información”, manifestó a Carlos, hermano de Hugo Ariel, quien le adelantó a El Ancasti que desde la Fiscalía le adelantaron que en la primera semana de mayo la causa será enviada para el juicio oral.
La causa contra Ocampo tiene como imputados a Morales y a Bazán, quienes están bajo prisión preventiva. La fiscal Miranda imputó a Bazán por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar una relación de pareja", en tanto que a Morales, "homicidio agravado por alevosía". Bazán está alojada en la Unidad Penal N° 2 en tanto que Morales permanece en el Servicio Penitenciario Provincial.
Ambos fueron detenidos días antes del hallazgo del cuerpo, el 24 de enero de 2021, en un pozo de agua en el camino que conduce a Antapoca. Según la autopsia y las pericias realizadas en la causa, surgió que Ocampo –quien era empleado de seguridad privada– habría sido ultimado el 18 de enero, el último día que había sido visto con vida.
La fiscal Miranda solicitó una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva, la cual fue concedida, a los fines de que los imputados lleguen detenidos al juicio.
Carlos Ocampo, hermano de la víctima, adelantó que una vez que la causa sea elevada a juicio reanudarán las marchas para exigir que el debate se realice rápidamente.
Comentó que fueron invitados por la familia del ministro Juan Carlos Rojas para sumarse a las movilizaciones que se realizaron en las últimas semanas pero que optaron por no asistir. Ocampo dijo que no asistió a la última convocatoria porque el reclamo "se está politizando".
"Siempre que sea para pedir justicia solamente, estaremos como lo hicimos siempre", dijo Carlos, quien mostró su preocupación por la falta de novedades en la causa que investiga el crimen del ministro y también por Karina Chazarreta, la mujer que fue vista por última vez el 11 de enero y cuyo paradero sigue siendo un misterio para los investigadores.
Carlos Ocampo también se refirió a las declaraciones del sindicalista Luis Barrionuevo, quien había criticado la labor de la Justicia y de la Policía por la falta de capacitación.
"No estamos a la altura con la tecnología" manifestó Carlos a El Ancasti.