Víctima. Pérez fue drogada y ultrajada reiteradamente.
La Corte de Justicia bonaerense rechazó ayer un pedido de los dos acusados de violar y asesinar a Lucía Pérez en la ciudad balnearia de Mar del Plata para que el segundo juicio al que serán sometidos sea a través de un jurado popular, por lo que quedó firme el inicio del debate para el próximo el 7 de febrero, el cual estará a cargo de un tribunal oral.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires desestimó por “improcedente” los pedidos de las defensas de Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (28) en dos fallos que fueron firmados por los jueces Luis Genoud, Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan.
“Cabe desestimar tal pretensión en tanto el planteo no ha sido objeto de un serio y concreto razonamiento (...)”, explicaron en un tramo de una de las resoluciones a las que tuvo acceso Télam, en las que se aclara que no existe la posibilidad en este segundo juicio de pedir que sean juzgados por un jurado popular si en una primera instancia no lo habían solicitado.
El juicio oral, que se desarrollará durante 15 días hábiles, ya había sido ordenado por la Suprema Corte, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anulara la absolución de los dos imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en un primer debate oral.
El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes deberán definir la responsabilidad penal de Offidani y Farías respecto de esa acusación. Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, integrado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía (16), pero ambos fueron absueltos sin embargo por la acusación de abuso sexual seguido de muerte.
Hechos del 2020
Ante esa situación y la apelación tanto de la fiscalía como de la querella, el Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la “nulidad” del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo. Esa resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial, pese a los recursos presentados por las defensas de los imputados.