martes 23 de julio de 2024
El grupo de diversidad sexual no cesa en el pedido de justicia

Casandra Aybar: pasaron 22 años de un crimen que no tiene ningún culpable

El 16 de junio de 2002, la joven travesti fue asesinada en Valle Viejo. Nadie fue condenado por este homicidio.

El crimen de Casandra Aybar forma parte de los expedientes judiciales inconclusos. No hay culpables. La joven era travesti; tenía 20 años y era oriunda de Belén. Fue víctima de violencia sexual y golpeada con saña. La mataron a puñaladas; tenía heridas en el tórax y en la mano. Llevaron su cuerpo en auto y la dejaron tirada sobre una sábana, boca arriba. Arrojaron sus restos en un camino vecinal que atravesaba el barrio Las Vías, en Pozo El Mistol, Valle Viejo. No hubo sospechosos ni condenados. El crimen sucedió el 16 de junio de 2002 y a 22 años de su muerte, no hay culpables.

Yoko Ortiz, referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), a cargo del área de Promoción de Derechos de la Secretaría Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad Capital recordó a Casandra ante un nuevo aniversario por su trágica muerte. “Por lo menos yo la tengo muy presente. Aquel día dijeron que habían encontrado una travesti muerta. Era una fecha muy especial. Yo la vi y hablé con ella un viernes y el domingo era el Día del Padre. Le pregunté si viajaba a Belén y me dijo que el lunes (viajaba) y a ella la encontraron muerta el domingo”, contó.

A 22 años del crimen, el pedido de justicia sigue vigente. Yoko expresó que la comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, queers y demás diversidades no visibles) quieren justicia por los crímenes relacionados con la orientación sexual que continúan sin resolver.

Más de dos décadas

Desde el crimen de Casandra a la fecha, el grupo de diversidad sexual fue ganando derechos. En 2010 fue sancionada la Ley Nacional 26618 de Matrimonio Igualitario; en 2012 se aprobó la Ley Nacional 26743 de Identidad de Género y en 2018 entró en vigencia la Ley Nacional 27499 conocida como “Ley Micaela”. Esta norma establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Sin embargo, a más de dos décadas y al reconocimiento de derechos, Yoko advirtió que los prejuicios sociales aún persisten. “El cambio que hubo hasta ahora es que una ya puede hacer por lo menos una denuncia en las comisarías. Antes no podíamos; quedábamos presas o no nos tomaban las denuncias. Después, con el tema de investigación, no lo podemos decir porque no tuvimos más un caso de femicidio -travesti trans- pero no olvidemos todos aquellos casos impunes de la comunidad gay. Lo mejor que puede pasar es poder sostener y que se respeten los derechos adquiridos de la comunidad LGBTIQ; que no vayamos en retroceso con las políticas públicas o de un gobierno que no le importe nuestra comunidad. Los prejuicios siempre están pero al tener leyes que nos respalden ahí cambia. Socialmente creo que debemos seguir trabajando en los Derechos Humanos, en sensibilizar y concientizar que también somos parte de esta sociedad con los mismos derechos”, sostuvo la referente.

Trato digno: el nombre es un derecho y es la identidad

En 2022, el juez Correccional de Tercera Nominación, Javier Herrera, había presentado un trabajo académico en relación con la identidad de género y trato digno. El magistrado puso énfasis en estos derechos, “más específicamente de las travestis, pues las veo como el grupo de mayor vulnerabilidad. El trato digno quizás sea el derecho más fácil de comprender, pero el más difícil de aplicar en esta sociedad tan patriarcal y desigual”.

En este sentido, señaló el nombre de pila con el que la persona trans quiere ser reconocida. “El nombre es un derecho y permite que nos distingamos los unos de los otros. Es nuestra identidad. No importa como dice el documento, sino como se llama. Esto es el trato digno”, remarcó.

A la vez, indicó que, como todos los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, no alcanza solo con reconocerlos, sino que es necesario realizar acciones positivas que busquen equipararlos al resto de los habitantes. “Para quienes se autoperciben mujer y se expresan como tal negarles el derecho a reconocerles su identidad es negarlas como personas. Es que sus nombres no son un alias, sino su alma, su forma de presentarse frente a la sociedad”, señaló.

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