La Corte confirmó que el acuerdo de reparación integral no puede prosperar sin el aval del fiscal.
La causa por el robo millonario en El Rodeo llegó a un punto clave: la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gastón "Carocín" Baigorrí y Ciro Sotomayor, ambos imputados por “robo simple”. A la vez, confirmó que la causa seguirá su curso hacia un juicio oral.
El caso había generado un debate jurídico inusual desde el principio. El caso se inició en marzo de 2025. Comenzó con un delito contra la propiedad, en la conocida villa veraniega en Ambato pero surgió un detalle: la víctima había recuperado todo lo robado —los $4,5 millones, las dos motos Honda Tornado y la PlayStation 4— por vías que nunca quedaron del todo claras, y se mostraba dispuesta a cerrar el caso. Es decir, entre víctima y acusados se habría llegado a un acuerdo para poner fin al caso.
En abril de ese año, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni rechazó el pedido de sobreseimiento por extinción de la acción y dictó igualmente prisión preventiva para ambos imputados.
Lo que siguió fue una cadena de rechazos. El fiscal de Instrucción de Sexta Nominación, Facundo Barros Jorrat se opuso al acuerdo conciliatorio. El representante del Ministerio Público invocó razones de política criminal y remarcó el historial de los acusados. El Juzgado de Control de Garantías confirmó esa postura. La defensa insistió y presentó un recurso en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El Tribunal de Alzada también rechazó. La defensa volvió a insistir con un recurso de casación ante la Corte de Justicia.
Por mayoría, los ministros de la Sala Penal resolvieron confirmar el rechazo al acuerdo. El eje del fallo es una definición jurídica con implicancias prácticas: la reparación integral no es un derecho automático del acusado. La Sala Penal fue categórica al respecto: el instituto es una herramienta de carácter excepcional que exige un análisis cuidadoso del caso concreto y su procedencia requiere verificar no solo la reparación patrimonial del daño, sino también el consentimiento real y libre de la víctima, y sobre todo que no existan razones de política criminal que tornen inconveniente la extinción de la acción penal.
En ese marco, la Sala Penal valoró la actuación del fiscal Barros Jorrat. El voto mayoritario de los ministros Hernán Martel y Verónica Saldaño sostuvo que su dictamen superó el examen de logicidad y razonabilidad, en tanto expuso de manera clara, precisa y fundada los motivos que lo sustentaban. Lejos de ser dogmática, la postura fiscal respondió —según la Corte— a una valoración adecuada de los elementos de la causa, con criterios de legalidad, proporcionalidad y política criminal. En ese sentido, la Sala Penal subrayó que como titular de la acción penal pública, la Fiscalía tiene a su cargo el juicio de oportunidad político-criminal para determinar la conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal, y que su participación es condición necesaria para declarar extinguida la acción. La conclusión fue contundente: existe un interés público en que casos como este sean investigados y juzgados, aun cuando la víctima esté de acuerdo con la reparación.
Por su parte, la ministra Fernanda Rosales Andreotti, en disidencia, consideró que la Cámara de Apelaciones había incurrido en argumentación contradictoria y que el fallo debía rehacerse con mejor fundamentación, aunque no necesariamente con un resultado distinto.
“Carocín” Baigorrí es conocido por su afición al robo de motos. Ya en el año 2022 acumulaba más de 15 causas penales con tan solo 29 años de edad. Presuntamente su participación en el golpe de El Rodeo fue para que, aplicando sus conocimientos de mecánica, pueda poner en funcionamiento las motos que luego fueron reintegradas. El juicio oral es ahora el único camino que resta para “Carocín” y su consorte delictivo.
De acuerdo con la investigación, la víctima recuperó los elementos y el dinero robado. Sin embargo, no se sabe quién concretó la devolución. El fiscal Facundo Barros Jorrat remarcó -a los pocos días del robo- “(los) elementos han sido recuperados, no por la instrucción, sino porque ha habido una entrega voluntaria de las dos motos. No sabemos por parte de quién. Es un recupero privado por parte de la víctima, a través de su cuñado, en avenida Misiones, lo cual obra en el testimonio de él. Asombrosamente, el 8 (de marzo), la víctima ha comparecido espontáneamente en la Unidad Judicial N° 5 a prestar testimonio a donde dice que llegó a su casa a la 1.30 y encontró la caja con los cuatro millones y medio de pesos en la entrada de su casa. La PlayStation ha sido devuelta el mismo día en que se devolvieron las motos”, precisó.
El expediente, paso a paso