miércoles 15 de mayo de 2024
Cara y Cruz

Cabecillas impunes

El Juzgado Federal de Catamarca resguarda el nombre de los 194 empleados de la Administración Pública Provincial...

El Juzgado Federal de Catamarca resguarda el nombre de los 194 empleados de la Administración Pública Provincial que, además del sueldo, cobraban un programa Potenciar Trabaja. El dato se conoció en el marco de la causa que lleva adelante Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social. El costo de pagar el beneficio a estas personas alcanzó unos $8 millones mensuales.

Hasta marzo, la investigación de Marijuan había detectado 9.413 empleados públicos de toda la Argentina que recibían el beneficio del programa Potenciar Trabajo. Esto configura un “problema de compatibilidad” debido al cual el Gobierno nacional evalúa darlos de baja.

Tanto Catamarca como Chubut fueron “las provincias más rezagadas en responder el requerimiento fiscal” y recibieron dos intimaciones. Marijuan envió a principios de noviembre de 2023 un oficio a los gobernadores para que remitieran las bases de datos de sus empleados públicos. Según este expediente, la irregularidad implica una erogación anual de unos 84.000 millones de pesos, sin contar bonos.

Además de los 194 de Catamarca, se investigan en Buenos Aires 2.243 casos, en Tucumán otros 1.145; en La Rioja 1.060; en Jujuy 652; en Corrientes 518; en Salta 434; en Río Negro 198; en Córdoba 194; en Formosa 180; en Santa Cruz 128; en CABA 231; en Santa Fe 350; en San Juan 109; en Mendoza 173; en Neuquén 343; en San Luis 43; en Entre Ríos 106; en Chaco 336; en Misiones 321; en Chubut 104 y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 49.

En estas provincias, Marijuan denunció a las personas que cobraban el beneficio por “presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”, pero además “a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado nacional, conductas que en principio encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

El foco más intenso tendría que ponerse en el segundo grupo, los funcionarios, pero más todavía en los responsables de las organizaciones sociales que instrumentaron los ilícitos, por lo general vinculados a los grandes aparatos políticos.

El Gobierno nacional ya dio de baja a unos 40.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo y disolvió el programa para crear otros dos programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” en reemplazo de aquél. El principal apuntado en esta megacausa es el representante del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien manejaba la administración de estos planes de empleo durante la gestión de Alberto Fernández en la Presidencia.

El armado de Pérsico, Movimiento Evita, ha sido incorporado a la administración de la Provincia de Buenos Aires por medio del flamante Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

La investigación penal que comanda Marijuan parece circunscripta a los beneficiarios de los planes sociales. ¿Avanzará sobre los cabecillas de los aparatos que los reclutaban?

El Gobierno nacional alardea de haber terminado con los “intermediarios” de la asistencia social, pero las acciones penales no los afectan, y más bien apuntan a quienes recibían los planes.

¿No alcanza para configurar una asociación ilícita?

Los beneficiarios del Potenciar Trabaja no hubieran podido acceder a los beneficios de no mediar organizaciones que los incorporaran. Hay elementos suficientes para suponer, como mínimo, que los dirigentes de estas organizaciones se quedaban con una parte de los planes para financiar sus estructuras políticas.

Las pesquisas van sobre los pobres, pero no incomodan a quienes se aprovecharon de ellos.

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