Abarca a estudiantes, docentes y no docentes desde el nivel inicial y plantea aplicar trabajos comunitarios ante incumplimientos.
Un nuevo proyecto de ley, de autoría de las diputadas de La Libertad Avanza Verónica Vallejos y Ana Lía Aguaisol Barbosa, propone prohibir la utilización de teléfonos celulares y dispositivos móviles durante el horario de clases en las escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Catamarca
La novedad principal del texto radica en la extensión de su alcance: la restricción abarca a todos los niveles del sistema educativo provincial: Inicial, Primario, Secundario y Terciario, incluyendo tanto a estudiantes como a docentes y personal no docente durante las horas de dictado de clases.
En su artículo 5°, la iniciativa contempla un mecanismo de sanción específico ante los incumplimientos: establece que las faltas se sancionarán con la realización de trabajos comunitarios o solidarios dentro del propio establecimiento educativo, bajo la determinación de la dirección institucional, antes de recurrir a medidas disciplinarias tradicionales o administrativas.
Respecto del régimen de uso, el articulado fija excepciones para casos de emergencia o fuerza mayor, proyectos con fines pedagógicos o académicos expresos, y aclara formalmente que el uso de los dispositivos está permitido fuera del horario de clase, como durante los recreos o en actividades extracurriculares.
La incorporación de sanciones comunitarias en la propuesta de 2026 retoma un antecedente legislativo planteado hace más de una década: un proyecto de 2015 presentado por el diputado José Luis Martínez (junto a los diputados Hugo Argerich y Macarena Herrera), fue la iniciativa pionera en proscribir el uso de celulares en el aula y diseñar el esquema de trabajos comunitarios o solidarios en la escuela ante eventuales incumplimientos.
El recorrido en los intentos de la regulación del celular en el ámbito parlamentario y del Poder Ejecutivo registra dos hitos previos: el Proyecto de 2024 de la diputada Stella Beatriz Nieva, focalizó la restricción de manera exclusiva en el Nivel Primario.
La iniciativa basó sus fundamentos en riesgos para la salud visual (miopía por visión cercana) y mental (ludopatía juvenil), citando relevamientos de UNICEF, Google y la UNESCO.
Por otro lado, la norma administrativa de 2022: En el plano del Ministerio de Educación, el marco de aplicación formal está dado por la Resolución Ministerial N° 621/2022, dictada por la entonces ministra Andrea Centurión tras una experiencia piloto en la Escuela Secundaria N° 6 "Cacique Juan Chelemín".
Dicha resolución restringió el uso de celulares en los niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria), aunque sin abarcar la educación superior no universitaria ni contemplar un esquema de sanciones por trabajos comunitarios.
En el texto de la iniciativa, las autoras destacan explícitamente que regular esta materia mediante una Ley Provincial, en lugar de decretos o resoluciones ministeriales, le otorga al Estado una herramienta de carácter general y fuerza coercitiva superior.
De este modo, la norma busca asumir la responsabilidad de forma pública y fijar un criterio uniforme en todas las escuelas de la provincia, evitando trasladar la presión del control a los directivos de cada colegio o generar desigualdades entre un establecimiento y otro.
A pesar de las diferencias de alcance entre cada propuesta, existen ejes constantes que se mantienen desde 2015 hasta 2026. Ninguna de las iniciativas prohíbe la tecnología de forma absoluta, ya que todas contemplan la excepción pedagógica siempre que el uso responda a una planificación docente.
Asimismo, garantizan el resguardo ante emergencias o situaciones imprevistas de fuerza mayor. A su vez, todas coinciden en un diagnóstico centrado en la convivencia y la concentración escolar para frenar la distracción en clase y prevenir riesgos de ciberbullying, ciberacoso y grabaciones no autorizadas.
Finalmente, mantienen un límite acotado al dictado de clases, sin restringir la portación ni el uso de los equipos fuera del aula.
El proyecto prevé sanciones con la realización de trabajos comunitarios o solidarios dentro del propio colegio, determinados por la dirección de cada establecimiento educativo.