En el Juzgado Federal se concretaron las indagatorias en el marco del expediente Beta Bank, luego de que el juez Miguel Ángel Contreras ampliara la acusación por estafas contra los sospechosos de la causa. La principal novedad fue la detención de un sospechoso, quien declaró y dio su versión de los hechos.
La semana pasada, el fiscal federal, Santos Reynoso, había solicitado que se concrete una serie de medidas. Una de ellas era el pedido de detención de Luis Emilio Marchetti, quien el martes fue localizado y quedó tras las rejas. Según la investigación, Marchetti está vinculado con una granja de minería de generación de monedas virtuales ubicada en Paraguay.
De acuerdo con la pesquisa, los acusados concretaban inversiones en una granja pero con el paso de los meses no pudieron enfrentar los pagos a los clientes y bajo un esquema piramidal empleaban el dinero que ingresaba para concretar los pagos.
Marchetti fue indagado el jueves. Las fuentes le confirmaron a El Ancasti que declaró pero no quiso contestar preguntas. El juez Contreras dispuso que siga detenido.
Por su parte, también fueron llamados para ampliación de acusación Manuel Casado, Santiago Casado Tolosa, Daniel Carrizo y Esteban Cabello, quienes habían sido procesados por "intermediación financiera no autorizada" pero ahora fueron notificados de la acusación por estafa y asociación ilícita.
La financiera había sido denunciada en mayo de 2022 por un grupo de ahorristas, quienes manifestaron ante la Justicia que la empresa había cesado los pagos por lo que tras una serie de reclamos hicieron las denuncias.
Tras las denuncias realizadas, la investigación del Ministerio Público Fiscal arrojó que Beta Bank o Beta Investment SRL habría incurrido en un sistema de estafa piramidal por lo que solicitó medidas sin que se privara de la libertad a los tres socios. Fue así que el 14 de mayo el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó una serie de allanamientos que tuvieron lugar en los domicilios de Cabello, Casado Tolosa y Carrizo, en tanto que también allanaron la sede de Beta Bank, en calle Sarmiento al 1.000.
A fines de julio, el juez federal Miguel Ángel Contreras dictó el procesamiento con prisión preventiva para Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa y José Daniel Carrizo, acusados en la causa de las financieras Beta Bank por el delito de "intermediación financiera no autorizada agravada". En lo que respecta a los demás involucrados Pablo Vargiú, Antonio Vargiú y Luis Emilio Marchetti, la acusación se circunscribe al delito de administración infiel y solicitó que sea investigado por la Justicia Provincial de Catamarca.
"Una granja de minería de Bitcoin, o de cualquier otra criptomoneda, consiste en concentrar una cantidad de hardware minero en un mismo lugar y mantenerlo operativo", explica el portal criptonoticias.com. Y agrega: "Es un lugar donde se generan criptomonedas a gran escala, utilizando equipos especializados como los ASIC para minar Bitcoin, que ejecutan numerosos cálculos computarizados de datos informáticos".
La minería "requiere instalaciones acondicionadas óptimamente, software especializado para el monitoreo de los equipos y, según sea el caso, hasta un grupo de personas (empleados o socios) que se encarguen también de monitorear el hardware y de hacer el mantenimiento respectivo cuando sea necesario".
En ese sentido, el mismo portal indicó que a fines de abril en Paraguay la administradora de energía de Paraguay (ANDE) intervino pasada una granja de minería de Bitcoin y criptomonedas conectada de manera irregular. Las operaciones de este centro de datos habrían causado un daño patrimonial de más de un millón de dólares.
Según constató la ANDE, en el lugar se encontraron instalaciones de conexión directa a dos transformadores de 1.000 kilovoltamperios (kVa), encargados de suministrar energía eléctrica a una granja de minería de Bitcoin.
La granja de minería fue encontrada con solo algunos equipos conectados, pues se presume que los responsables de las instalaciones pudieron sacar a tiempo el resto de los aparatos antes de que se concretara la intervención de las autoridades.
