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Planteo del gobierno

Ávila: "Es momento de instar una rápida respuesta judicial"

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30 de abril de 2022 - 01:05

El Gobierno de la Provincia se puso a disposición del Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio Público Fiscal para aportar lo que esté el alcance del Poder Ejecutivo en el marco de las investigaciones que se realizan contra el trader Edgar Adhemar Bacchiani y la financiera RT Inversiones de Edgardo Bulacios. En este sentido, plantearon su preocupación por la demora en el avance de las causas. “Es momento de instar una rápida reacción del poder judicial Provincial y Federal. La sociedad necesita una respuesta”, indicó el asesor general de Gobierno, Fernando Ávila.

“Es un momento de angustia y malestar para muchas vecinas y vecinos que sufrieron los efectos nocivos de una estafa piramidal. La sociedad necesita una respuesta certera y veloz por parte de la justicia, que es el organismo del Estado que debe determinar la existencia o no de un delito y las responsabilidades. La posición del gobernador es contundente. El Estado debe dar señales claras y transmitir tranquilidad. Las justicias Federal y Provincial tienen la obligación de actuar con celeridad y sin impedimentos de ningún tipo para identificar a todas las personas responsables y poder entonces tomar las decisiones que correspondan”, expresó el funcionario.

En ese sentido, indicó que el gobernador “nos ha instruido para colaborar activamente en todas las instancias y de todas las formas que sea necesario para facilitar el trabajo de la Justicia”. “Es un tema de alta sensibilidad social y debemos trabajar en conjunto como Estado para evitar que el conflicto se diluya en los pasillos de la burocracia”, indicó.

Ávila remarcó que el Gobierno de la Provincia “mantuvo su postura a lo largo de toda la evolución de lo que hoy se reconoce como una estafa, pero en sus albores supo describirse como una inversión inteligente”. “Nuestra posición generó cuestionamientos privados y públicos. Los cuestionamientos de privados son comprensibles porque estaban motivados por la misma lógica que justificaba la razonabilidad de entregarle ahorros a financieras para multiplicarlos.

No sucede lo mismo con los cuestionamientos de sectores de la oposición. La justificación de estos cuestionamientos desde la oposición buscaron electoralizar y sacar un rédito político de unas operatorias que eran cuanto menos dudosas y que tenían un claro potencial para dañar seriamente el tejido social y especialmente a los sectores menos favorecidos. La irresponsabilidad política tiene costos sociales, siempre”, opinó.n

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