El juez Marcelo Sago ordenó una pericia psicológica sobre la primera denunciante y un análisis de su celular. El diputado ya reconoció que pide "contribuciones voluntarias" a los empleados.
El juez de Control de Garantías nº4, Marcelo Sago, ordenó las primeras medidas para avanzar sobre la investigación sumaria contra el diputado provincial Javier Galán (MID), quien enfrenta cuatro denuncias penales: tres de ellas por situaciones de acoso o abuso sexual, una por amenazas; y con el complemento de que en tres de ellas se mencionan delitos vinculados al peculado de servicio y la retención indebida de haberes.
Entre las medidas ordenadas por Sago figuran una pericia psicológica a la primera denunciante y un análisis de su teléfono celular. En este sentido, la defensa del diputado Galán, ejercida por el abogado Leonardo Berber, anticipó que presentará peritos de parte para ambas medidas.
Se trata de las primeras pericias que ordena el juez Sago en marco de la investigación jurisdiccional que solicitó la fiscal Antonino la semana pasada. Ocurre de esta manera porque Javier Galán es diputado provincial y tiene fueros legislativos: el juez tiene hasta dos meses para determinar si corresponde solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados, que eventualmente deberá ser tratado en el recinto y aprobado por dos tercios de los votos para que proceda.
Mientras eso ocurre, Galán ya reconoció que le pide a sus empleados de la Legislatura "contribuciones voluntarias" para realizar acciones sociales, bajo la lógica de que "una persona que cobraba $0 y ahora cobra $1.100.000 algo puede aportar". También dijo que algunos de sus empleados legislativos estaban en el Corralón porque la gente le pide ayuda que puede gestionar desde ese lugar.
De hecho, la primera denunciante relató que ella había sido nombrada en la Legislatura y que debía cumplir horarios en la empresa particular del diputado. Para probarlo, ofreció como testigo a un compañero de trabajo: Iván Luna Avellaneda, quien se convirtió esta semana en el autor de la cuarta denuncia penal por amenazas e intimidación.
El hombre explicó que él también era personal transitorio de la Legislatura, pero que trabajaba en el Corralón San Javier por pedido de Galán. Además, relató que cuando la primera denuncia tomó estado público, el diputado le pidió que declarara para contradecir a la mujer denunciante y además que dejara de ir al Corralón y cumpliera horario en la sede social, ubicada en un local contiguo.
El diputado Galán compartió un video del abogado tucumano Alfredo Aydar, conocido por asistir a un puñado de querellantes de la causa Adhemar Capital, en la que el hombre asegura que "la situación de Catamarca con las causas armadas es de un escándalo total". Aydar, además, mantiene en sus redes sociales un permanente reclamo por la causa de la muerte del exministro Juan Carlos Rojas, en la que adhiere a la teoría del encubrimiento.
"Argentina siempre atravesó problemas de corrupción en sus instituciones públicas, que instrumenten el sistema judicial como herramienta de presión política siempre ha sido una constante. Especialmente en contextos donde el poder político busca desactivar a opositores o silenciar voces críticas", sostuvo.
"En Catamarca hubo un incremento significativo en este tipo de causas armadas. Los mecanismos de control y manipulación lo hacen con jueces y fiscales comprometidos, ese rol es crucial. La corrupción en la administración de Justicia se traduce en decisiones que favorecen intereses políticos y eso es evidente. Estos actores pueden recibir presiones directas o indirectas de parte de políticos, lo que los lleva a actuar en contra de la ética profesional y los principios de justicia. Además de generar pruebas o testimonios falsos para justificar las acusaciones de estas causas armadas", remarcó, aunque no precisó ejemplo alguno. De hecho, en el mensaje tampoco alude a la causa de Galán en sí.
Para Aydar, "este fenómeno desvirtúa el derecho a un juicio justo establecido en nuestra Constitución y socava la confianza en las instituciones". "A eso deben sumar las campañas de difamación que llevan adelante los medios mercenarios y ensobrados, con campañas diseñadas para desprestigiar a los opositores. Esto no solo afecta a la reputación de las personas que son víctimas de estas causas armadas, sino que tiene el efecto de disuadir a la sociedad y a otros potenciales críticos para que no ataquen el sistema corrupto", cerró.