El procedimiento adoptado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, para sostener en sus puestos a dos “ñoquis” confesos, cuyas bajas habían sido solicitadas por los legisladores que los habrían inducido a la irregularidad, fue una resignada confesión de impotencia.
Los motivos de esta incapacidad no fueron revelados, pero se sospechan: las prácticas endilgadas al diputado Javier Galán son extendidas y forman parte de unos usos y costumbres muy arraigados.
Solo en el marco de un pétreo derecho consuetudinario contrario a la ley resulta administrativa y políticamente justificable la conducta de Fedeli.
De la primera denuncia contra Galán por abuso sexual, radicada hace más de un mes, se desprendieron otras dos que afectan el patrimonio y la honorabilidad del organismo que conduce en forma directa. La más importante es la del peculado de servicios.
Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda admitieron al denunciar a Galán que cobraban un sueldo de la Cámara para prestar servicios en el corralón “San Javier”, propiedad del legislador, quien además les quitaba la mitad de sus emolumentos.
Se trata de un fraude en perjuicio de la Cámara baja sobre el que la presidenta Fedeli no muestra siquiera curiosidad. Tampoco ha dirigido recriminación alguna a Galán y al titular del bloque del MID, Fernando Baigorrí, por solventar con el presupuesto legislativo salarios de negocios particulares.
Tamaña prescindencia no ha merecido hasta ahora reproches del resto de los diputados, que se mueven con llamativa cautela cuando tienen que referirse al escandaloso caso. Se limitan a desincriminarse a título personal, no se atreven a jugarse ni por sus propios compañeros de bancada.
Al parecer, más de uno utiliza en menesteres hogareños y gestión de locales comerciales empleados que les han sido asignados para que colaboren con la ardua tarea legislativa. O sea: hacen lo mismo que se le achaca a Galán, con la diferencia de que no los han denunciado en sede penal.
Tan poco edificante ecosistema le ha permitido a Galán embozalar a todos sus colegas y abstenerse hasta ahora de desmentir las tres preguntas que precipitaron su peripecia judicial.
¿Fue o no con la primera denunciante a un motel y mantuvo relaciones sexuales con ella cuando le recibió la documentación para darle de alta en la Cámara de Diputados?
¿Se quedaba o no con la mitad del sueldo legislativo de esa primera denunciante y de un asesor del bloque del MID?
¿Hacía o no trabajar en su corralón a la chica y al asesor?
Desacreditar estas tres hipótesis le bastaría para hacer caer el complot montado en su contra y alzarse con un triunfo aplastante sobre sus adversarios.
Que no recurra a tan sencillo expediente no es tan raro como el hecho de que ningún diputado lo interrogue al respecto.
El trámite administrativo seguido para negar la baja de la primera denunciante de Galán y la conferencia de prensa en la que Fedeli lo explicó exponen un escenario institucional insólito: no hay responsables por el peculado de servicios en perjuicio de la Cámara.
La baja de Daniela Solohaga fue solicitada por el propio Galán el 12 de mayo, ocho días después del ingreso del oficio judicial que requería información sobre su situación laboral. Fedeli solicitó a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica un dictamen de legalidad sobre la solicitud, que se emitió el 27 de mayo. Este dictamen consideró “improcedente” el pedido de baja, porque podría ser una represalia de Galán contra la empleada que lo había denunciado.
En la conferencia de prensa, Fedeli se preocupó por enfatizar que el dictamen de Asesoría tiene carácter “vinculante”. Es decir: se preocupó por consignar que la decisión de mantener a Solohaga como empleada no era de ella, sino producto del un dictamen legal de ineludible acatamiento.
Otro detalle de su exposición pasó casi inadvertido. Aclaró que la responsabilidad de control de asistencia de los empleados de los diputados es de los propios diputados y bloques. O sea: no de ella.
La madeja administrativa diseñada por la presidenta Fedeli persigue el mismo objetivo que las denuncias de complots de Galán: cubrirse y diluir en abstracciones los puntos medulares y concretos de los asuntos que los comprometen.
Si Solohaga y eventualmente Luna Avellaneda fueron obligados a ser “ñoquis” por Galán, y por lo tanto deben ser amparados de represalias como la baja por haberlo denunciado, entonces los que tienen que responder por la transgresión son Galán y el presidente del bloque del MID, Fernando Baigorrí.
Conviene tener en cuenta que obran en sede judicial las confesiones de ambos agentes legislativos sobre la irregularidad en que estaban incursos, según ellos por culpa de Galán.
¿Qué va a hacer Fedeli?
Si es sincera su intención de proteger a Solohaga, víctima de los enjuagues de Galán, puede hacer bastante más que escudarse en las alusiones a la perspectiva de género de un dictamen “vinculante” y esperar que llegue el pedido de desafuero de la Justicia de Garantías.
Puede, por ejemplo, denunciar a Galán y a Baigorrí ante la Justicia por estafar a la Cámara y extorsionar a dos de sus agentes.
Dos “ñoquis” y partícipes de peculado de servicios confesos, que aseguran haber sido instigados y obligados por un diputado; el presidente del bloque de ese diputado por lo menos encubriendo la matufia.
Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados -cuarta autoridad de Provincia- trata de lavarse las manos y facilita con tal actitud que circule la hipótesis de la intriga que el legislador encartado esgrime contra del Gobierno que ella representa.
Lo dicho: es una abdicación de responsabilidades administrativas, institucionales y políticas inexplicable, salvo que pretendan ocultarse tramas aún más inconvenientes.