Ana María había denunciado en cuatro oportunidades a su pareja por hechos de violencia, pero la Justicia no la oyó. En octubre de 2016, ambos habían discutido y, en un momento dado, lo roció con alcohol, le mostró un encendedor para amedrentarlo y terminó prendiéndole fuego. Él falleció tres días después. Ana María fue imputada por el delito de “homicidio agravado por mediar una relación de pareja”. Hasta último momento, ella aseguró que no quiso causar ningún daño, que solo se estaba defendiendo por los golpes que recibía en manos de su pareja y padre de sus hijas.
En septiembre de 2018, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación la condenó a la pena de 12 años. Si bien se mantuvo la acusación, consideraron que la violencia mediante fue un atenuante para morigerar la pena.
La defensa presentó un recurso de casación. La Corte de Justicia de Catamarca no hizo lugar pero sí admitió el recurso federal. En abril de 2021, la CSJN se expidió. En la oportunidad, citó como antecedente el caso de “Cecilia”. “En el remedio federal, la defensa sostuvo que pese a haber descartado la legítima defensa en función de los dichos de testigos, de manera contradictoria, reconocieron que las fotografías incorporadas a la causa y un informe médico daban cuenta de las lesiones que presentaba la imputada”, advirtió la CSJN.
“La Justicia por fin se dio cuenta de que soy inocente y fui víctima de violencia de género. Un día estaba bien y al otro día no sabía lo que me esperaba. Volvía de trabajar y no sabía si me esperaban golpes y maltratos de todo tipo y aguantarme una y otro vez y otra vez”, había contado.
Como sobreviviente de la violencia, animó a los mujeres que están en este contexto que “no se queden calladas. Salgan y denuncien todas las veces que sea necesario porque se puede salir”.