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El dermotest, prueba clave para esclarecer el caso

Acusado por homicidio calificado no registra denuncias por violencia

César Romero, pareja de Lorena Salas, la víctima, sigue detenido, a pedido del fiscal del caso Jonathan Felsztyna.

28 de marzo de 2026 - 00:05

La investigación por el crimen de Lorena Salas suma un dato relevante: César Romero, imputado por presunto “homicidio calificado por mediar una relación de pareja”, hasta el momento no registra denuncias por violencia ni en comisarías de Capayán ni en los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción Judicial. La ausencia de antecedentes formales explica, al menos en parte, por qué la calificación legal se mantiene como está y por qué la investigación todavía no cuenta con elementos suficientes para sostener un agravante adicional.

La imputación que pesa sobre Romero no es menor. El delito de “homicidio calificado por mediar una relación de pareja” está contemplado en el artículo 80 del Código Penal y constituye una figura agravada respecto del homicidio simple. La prueba reunida hasta el momento —el informe forense, el informe balístico y las declaraciones del personal médico interviniente— sostiene esa hipótesis y descarta la del suicidio, que no resultaría viable en función de las características anatómicas de la víctima y la estructura del arma. Por ahora, la investigación no cuenta con elementos suficientes para sostener la figura de “homicidio agravado por violencia de género”. La calificación es provisoria y puede modificarse a medida que la instrucción incorpore nueva evidencia. En el proceso penal, la imputación inicial es el punto de partida, no el punto de llegada.

Durante la indagatoria, Romero, asistido en la defensa por el abogado del foro local Víctor García, negó la imputación. A la vez, manifestó ser inocente. Su declaración fue exculpatoria. En tanto que María del Valle Salas, madre de Lorena, se constituyó como querellante en la causa. La mujer es representada en la querella por la abogada Marcela González

Además, se debe tener en cuenta que el hecho de que no haya denuncias previas registradas no implica que el caso se investigue de manera ordinaria. Desde el primer momento, la Fiscalía encuadró la causa dentro del protocolo de debida diligencia reforzada, un estándar más exigente que el habitual. Este protocolo obliga a fiscales y fuerzas de seguridad a actuar con perspectiva de género e interseccionalidad desde el inicio, sin esperar a que un contexto de violencia esté acreditado para activar esos mecanismos. El propio fiscal Jonathan Felsztyna lo subrayó durante la audiencia de control de detención: la dinámica del hecho, las características particulares de la víctima, su entorno y el contexto en el que vivía exigen una visión omnicomprensiva del caso.

Vulnerabilidades

Lorena era una mujer joven, madre de tres niños, que vivía en una localidad de poco más de 120 habitantes habitantes, sin comisaría en el radio inmediato, a 130 kilómetros de la Capital. El departamento Capayán tiene presencia policial en Nueva Coneta, Huillapima y Miraflores —sobre la Ruta Nacional Nº 38— y una subcomisaría en San Martín. Ninguna tiene llegada directa a Balde de la Punta. Las dependencias más próximas geográficamente pertenecen al departamento vecino, La Paz: las comisarías de Recreo, Icaño y San Antonio, y la subcomisaría de Quiroz. Esa suma de vulnerabilidades —mujer, joven, madre, en un pueblo alejado y sin presencia institucional permanente— no puede quedar fuera del análisis.

La pericia pendiente más importante sigue siendo el dermotest, cuyas muestras fueron enviadas a la provincia de Salta. Su resultado será determinante para el avance de la causa y, eventualmente, para la calificación legal definitiva. También resta la entrevista en Cámara Gesell de uno de los hijos de Lorena.

Expediente

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