La denuncia por abuso sexual contra el sacerdote Eduardo López Márquez, que se tramita en la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, en La Paz, será investigada por la fiscal Virginia Duarte Acosta. Así lo confirmaron los abogados Ariel Díaz Sosa y Sebastián Ibáñez.
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Abuso sexual eclesiástico tiene nueva fiscal a cargo
A finales del año pasado, un hombre denunció la agresión sexual sufrida, cuando era un niño, entre 2002 y 2003. Tras casi dos décadas en silencio, pudo romper el silencio y radicar la denuncia en La Paz, donde se habrían producido los ultrajes.
El denunciante había contado que este religioso era amigo de la familia, dado que un familiar político también era cura. López Márquez y este pariente del denunciante eran amigos. Por ello, la cercanía hacia el niño –por entonces- y su familia. Esta situación habría sido aprovechada por el agresor.
En aquel tiempo, el denunciante era un niño y no se animaba a contar lo que estaba sucediendo. Pensó que hablar con el sacerdote de la familia, a quien él conocía y le tenía confianza podía poner fin a esta situación. Sin embargo, el religioso, quien lo conocía de muy pequeño, al ver la situación de vulnerabilidad del chico, en vez de ayudarlo, también abusó de él.
No obstante, la denuncia solamente fue contra López Márquez porque el otro sacerdote falleció a principios del año pasado. Ahora, el denunciante pide que su causa no prescriba. “Solamente pido justicia”, expresó.
No obstante, la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, a su criterio, desestimó la denuncia y ordenó el archivo, al considerar prescripta la causa. La querella se opuso al planteo y la jueza de Control de Garantías de La Paz rechazó el pedido de desestimación y archivo de la denuncia por abuso sexual contra el sacerdote Eduardo López Márquez.
Además de no hacer lugar a la desestimación y pedido de archivo, dispuso que se designe a una fiscal que investigue la denuncia.
La magistrada mencionó como antecedente en su resolución el fallo de la Cámara de Apelaciones que rechazó el pedido de prescripción realizado por la defensa del sacerdote Moisés Pachado. En noviembre de 2020, el Tribunal de Alzada había rechazado en forma unánime y ordenó que continúe la investigación contra el religioso.
De acuerdo con información judicial a la que pudo acceder El Ancasti, la fiscal Virginia Duarte Acosta, quien también se desempeña en la Sexta Circunscripción Judicial, fue designada a tal fin. “Nos entrevistamos con ella; fue un encuentro muy positivo. Se fundamentó la prueba presentada hoy –por ayer-. Para la fiscal, habría elementos para imputar e indagar. Consideramos que se podrá realizar una investigación con perspectiva en niñez. Se presentará una ronda de testigos”, comentó el abogado Díaz Sosa.
Los abogados buscan para López Márquez la imputación por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso” y “corrupción de menores”. “La fiscal va a tomar conocimiento. Creemos que en los próximos días habría una imputación. La idea es obtener una imputación bien sólida para que no pueda ser impugnada por la defensa”, adelantó Ibáñez.
Pericias
“En los términos dispuestos en la normativa canónica, corresponde que tome intervención el Papa. Estamos esperando la resolución. Ya le tomaron la declaración sobre todos los hechos con lujos de detalles. Hasta el momento se hizo una pericia psicológica, que es una prueba determinante con relación a la existencia del hecho. Se solicitó la copia de la pericia, que nunca fue resuelta por la fiscal ni fue entregada. No nos informaron sobre el informe pericial de esa entrevista psicológica”, detalló oportunamente el abogado Díaz Sosa.
Conocida esta denuncia, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos manifestó públicamente su apoyo para con el denunciante. “Se tiene que exponer a estos criminales sexuales y no a las víctimas”, remarcó el abogado Ibáñez.
Curas acusados: entre la Biblia y el Código Penal
El sacerdote Eduardo López Márquez se suma a la deshonrosa lista de curas acusados por delitos contra la integridad sexual. El primer imputado fue José Renato Rasgido, denunciado en 2014 en Andalgalá. Por estos hechos, oportunamente fue imputado por “abuso sexual simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores" y dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores", ambos “agravados por su condición de ministro de un culto religioso”.
Tras un proceso penal enredado, cada vez se encuentra más cerca de ocupar el banquillo de los acusados. Esta semana, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por mayoría, resolvió confirmar la elevación a juicio en su contra. No obstante, la defensa aún tiene la instancia de la casación, en la Corte de Justicia.
Hace dos semanas, el cura Juan de Dios Gutiérrez fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, Capayán, para purgar la pena de 12 años de prisión impuesta por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación. El año pasado, lo halló culpable en el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso". El hecho fue denunciado en octubre de 2015, en Belén.
A finales de 2018, en el marco del denominado “Efecto Thelma”, una mujer denunció al sacerdote Moisés Pachado, por haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña. En 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos declaró que los delitos contra la integridad sexual de niños y niñas no prescriben. La Fiscalía de Belén lo imputó por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso" y "abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de un culto", un hecho continuado.
