La alianza radical-barrionuevista dio despacho favorable en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley con media sanción del Senado con el que pretenden establecer una actualización de los índices docentes. Se trata en los hechos de un "salariazo" imposible de financiar. Ya generó una polémica cuando lo aprobó el Senado provincial a instancias del actual diputado radical Víctor Luna, quien por entonces era senador por el departamento La Paz en una Cámara alta mayoritariamente boinablanca. El "timing" de Luna fue perfecto: consiguió la mitad de la sanción poco antes de que su sector político resignara la mayoría en el Senado y ahora, en una muestra más de la solidez del pacto con los barrionuevistas, lo desempolva en Diputados, donde el radical-barrionuevismo controla el quórum, para hacerle pagar al Gobierno el costo político de vetar una norma de imposible aplicación. El ministro de Educación, José Ariza, explicó lo que significaría aplicar el nomenclador que radicales y barrionuevistas pretenden. Un docente con antigüedad y zona cobra unos 5.500 pesos, que son 181 puntos; con el nuevo nomenclador, su puntaje se iría a 511, con lo que pasaría a ganar 15 mil pesos, es decir, tres veces más. Un supervisor treparía a 1.200 puntos. La hora cátedra en enseñanza media, que actualmente tiene un valor de 12,10 pesos, se iría a 35 pesos.
En sus declaraciones a El Ancasti, Ariza puso el dedo en la llaga: "Supongamos que se apruebe la ley ¿Está dispuesta la Cámara de Diputados a darnos 100 millones de pesos de su presupuesto para pagar sueldos? O la Corte de Justicia ¿Estaría dispuesta a darnos 100 o 150 millones de su presupuesto para que nosotros hagamos frente al costo salarial? Si son solidarios y nos transfieren los fondos, ahí podría hacerse". De tal modo, resulta que en manos del radical-barrionuevismo, que preside y administra la Cámara de Diputados, está la posibilidad de que el aumento que propone se concrete. Bastará con que en el Presupuesto del año que viene se poden 100 millones del Presupuesto de la Legislatura, y el Gobierno no tendrá excusa alguna para vetar la ley de reajuste de los índices docentes. Ejemplar lección del Parlamento sería esa: no sólo sancionaría una reparación a los postergados docentes, sino que la financiaría con sus propios recursos. Habría que hacer los cálculos, pero es posible que ni siquiera sea necesario que la Legislatura reduzca su personal. Son 100 millones que con seguridad podrían alcanzarse con eliminar dietas, gastos de bloque, viáticos y fondos para asistencialismo que los legisladores reparten a gusto y "piacere" sin que nadie los controle. Una disposición sin dudas revolucionaria que los docentes agradecerían incluso con el voto. Todo depende de la voluntad de los diputados tan ligeros para dar aumentos desmesurados con plata ajena.
La sugerencia de Ariza merecería al menos un análisis. Se trata de la educación, señores diputados; el futuro de Catamarca, nada menos. El debate que promovieron con los despachos favorables al "salariazo" docente ha arrojado una síntesis que sería una picardía no ejecutar sólo porque se le ocurrió a Ariza y no a los generosos tribunos. Es necesario, de una vez por todas, dejar el "vedettismo" de lado y pensar en ese pueblo tan invocado desde las mullidas poltronas. El diputado radical Raúl Giné, quien como ministro de Educación en épocas del radicalismo puso en vigencia el nomenclador que hoy pretende derogar, lanzó el desafío. "El Ejecutivo sabrá cómo pagar", dijo. Ariza le contestó. En efecto, el Ejecutivo sabe cómo pagar: sacando la plata necesaria del Presupuesto de la Legislatura. Ahora hay que ver qué opinan Giné y sus socios de la idea.
