sábado 15 de enero de 2022

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En 2021

Se efectuaron 578 audiencias en ocho tribunales catamarqueños

En 2021 hubo condenas y precedentes judiciales en casos resonantes a nivel social por distintos delitos.

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2 de enero de 2022 - 01:00

En el segundo año de pandemia por COVID-19, los tribunales de enjuiciamiento catamarqueños combinaron la virtualidad, los protocolos y la presencialidad para llevar a cabo a las audiencias. De acuerdo con información judicial a la que El Ancasti pudo acceder, durante 2021 entre ocho tribunales, entre los tres Juzgados Correccionales, las tres Cámaras de Sentencia en lo Criminal (éstos para personas adultas) y los dos juzgados del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil –que funciona con las competencias de Control de Garantías, Cámara de Sentencia, Cámara de Apelación y Ejecución Penal-.

En comparación con 2020, en el que hubo meses sin actividad en los tribunales por la pandemia, hubo un considerable incremento. Durante 2020, entre los seis tribunales para adultos se realizaron 315 audiencias. En 2021, en los mismos tribunales, se concretaron alrededor de 393 audiencias, en su mayoría debates y suspensión de juicio a prueba –conocida como probation-, como así también querellas o imposiciones de penas. El incremento de audiencias osciló en el orden del 25 %.

Una vez más, internet y las “herramientas telemáticas” fueron las principales aliadas. De acuerdo con cada situación particular, las audiencias se realizaban de manera presencial, por videoconferencia o de manera mixta. En ocasiones, los acusados participaban desde el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, a través de videoconferencia. Otras veces, cuando los testigos se encontraban en el interior, participaban por este mismo canal o por videollamada.

Esta medida se tomó en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia y de la cuarentena estricta. La Corte de Justicia firmó la acordada Nº 4443, en la que indicó que "se permitirá la realización de videoconferencias a través del sistema Webex".

Garantizar el servicio

Durante 2021 hubo debates con importante resonancia social. A fin de garantizar el servicio de justicia, magistrados de la Cámara en lo Criminal subrogaron en la Cámara de Sentencia del Tribunal Penal Juvenil. En abril, esta Cámara se trasladó a la ciudad de Belén para desarrollar el debate por el crimen del docente Héctor Calderón, ocurrido en enero de 2019. El veredicto fue de prisión perpetua para Gabriel “Gabocha” Carrizo, de 22 años. En octubre, el mismo Tribunal condenó a seis años de prisión al joven imputado por el abuso sexual de Luz –hecho ocurrido en noviembre de 2016-. En una ocasión, el Juzgado Correccional de Tercera Nominación, se trasladó hasta la localidad de Recreo, La Paz, para llevar a cabo varias audiencias de probation y por hechos de violencia, en dos jornadas. La decisión se había tomado habida cuenta de que había varios expedientes en trámites de esa localidad. A fin de dar celeridad en la respuesta judicial, el Tribunal se trasladó.

En el banquillo con sotana o bata de médico

Importantes fallos se asentaron durante el año pasado en las Cámaras. Un sacerdote y tres médicos fueron condenados. El cura Juan de Dios Gutiérrez y Luis Alberto Villalobo, un auxiliar de la salud de la Maternidad Provincial 25 de Mayo, respondieron por delitos contra la integridad sexual. Los médicos cirujanos Ricardo Monferrán (63) y Alberto Ramos (37) fueron condenados por “homicidio culposo” y “falsedad ideológica de documento público”.

A finales de abril último, la Cámara Penal de Tercera Nominación halló culpable a Juan de Dios Gutiérrez en el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso” y lo condenó a la pena de 12 años de prisión. Si bien el cura casó el fallo, la Corte de Justicia rechazó el planteo y confirmó la condena. Ante esta situación, Gutiérrez solo cuenta con el recurso federal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalizada la feria judicial, podría recurrir a esta instancia o dejar correr el plazo para que el fallo quede firme.

“Existió una relación asimétrica de poder, en donde la víctima fue claramente manipulada. La víctima no buscó relacionarse con el adulto, es el adulto el que buscó relacionase con ella. Existió un aprovechamiento indebido para coartar la libertad de la joven. Gutiérrez se burló de ella, la engañó, la manipuló y la cosificó”, remarcaron los ministros.

El pasado 24 de agosto, la Cámara Penal de Segunda Nominación halló culpable a Luis Alberto Villalobo en dos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y dos hechos de “abuso sexual simple”. En consecuencia, fue condenado a la pena de 14 años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer su profesión.

“El procesado perfeccionó reiteradas y flagrantes conductas sin necesidad terapéutica que las avale; extremos sobre los que no pudo dar un justificativo lógico y profesional al momento de ejercer su defensa. De hecho, en determinados pasajes de su descargo, llegó hasta a admitir que en el caso de que hubiera tocado o rozado a sus pacientes, ello comportaban sendos actos involuntarios, y sin motivación libidinosa alguna. Lo real y cierto es que nos encontramos ante actos objetivamente impúdicos y con la entidad suficiente para vulnerar la integridad sexual de las víctimas”, fundamentaron.

En noviembre, en la misma Cámara, fueron condenados los médicos Ricardo Monferrán y Alberto Ramos por el delito de “homicidio culposo”. Monferrán fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para y al doble de inhabilitación para ejercer la profesión –es decir, cinco años-. En tanto que Ramos fue penado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitado a cuatro años. Ambos deberán cumplir pautas de conducta.

El 11 de junio de 2012, Gustavo Adrián Ortega había ingresado al Hospital San Juan Bautista con un fuerte dolor abdominal, con un diagnóstico de presunta apendicitis aguda. Al día siguiente, por la negligencia médica falleció.

“Los imputados Ramos y Monferrán nunca volcaron su sapiencia y pericia médica para arribar a un diagnóstico certero -incluso, ni siquiera lo intentaron razonablemente, demostrando su falta de diligencia profesional en relación al cuadro de salud presentado ante sus ojos-; poniendo e incrementando, de ese modo, seria y gravemente en riesgo la salud del joven Ortega, con el ulterior desenlace por todos conocidos”, señalaron en los fundamentos.

Jóvenes y con la vida por delante pero en el penal

Durante el año pasado, tres jóvenes, de entre 19 y 22 años, fueron condenados con la pena más alta prevista en el Código Penal Argentino: prisión perpetua. Si bien, en términos generales, el máximo de prisión perpetua es de 35 años, en aquellos casos de delitos como “homicidio criminis causa” o “femicidio” el máximo es 50 años.

En abril, la Cámara de Sentencia Penal Juvenil halló culpable a Gabriel “Gabocha” Carrizo, de 22 años, en los delitos de “homicidio agravado criminis causa” y “robo” y, en consecuencia, condenado a la pena de prisión perpetua. Entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero, el docente de Belén Luis Héctor Calderón (59) fue brutalmente asesinado. “Nos encontramos ante un crimen con ribetes que rozan lo cinematográfico. ¿Qué interés pudo motivar a Carrizo a ocultar dinero y otros objetos de valor en el asiento trasero de un automóvil? Ningún otro que no fuera por el solo motivo de su origen espurio”, se advirtió en los fundamentos.

En mayo, la Cámara Penal de Primera Nominación juzgó a Naim Vera (20) por el crimen de Brenda Micaela Gordillo, ocurrido en marzo de 2020. Los jueces lo hallaron culpable del delito de "homicidio doblemente agravado por existir una relación de pareja y por femicidio". “La mató por ser una mujer que supuestamente estaba embarazada y le estorbaba en su proyecto de vida”, fundamentaron.

El 31 de agosto en este mismo Tribunal, Lucas “El Gordo” Carrizo fue condenado con la pena máxima al haber sido hallado culpable del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por criminis causa”. Hasta los primeros días de julio de 2020 “El Gordo” pasaba sus días en Pomán. Entrenaba en un gimnasio boxístico. Fue boxeador amateur. Había peleado entre septiembre de 2018 y enero de 2019. Tuvo dos peleas, con un triunfo y una derrota, en la categoría hasta 81 kilos. En el ambiente pugilístico era apodado “Pepo”. Sin embargo, luego de una larga jornada de excesos, tras haber aspirado nafta, tomado alcohol y fumado marihuana, “El Gordo” Carrizo ingresó a la casa de Petrona y la último con más de 40 puñaladas.

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