El proyecto de Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, libera la comercialización y la competencia en el mercado eléctrico argentino, y permite la libre fijación de precios por parte de los actores económicos, sin intervención del Estado. Para eso se privatiza ENARSA y reforman las leyes que regían en el sector energético, las leyes N° 15.336 y 24.065.
La energía deja de ser un derecho y se convierte en mercancía
Si el Senado Nacional finalmente aprueba el proyecto de Ley Bases, la energía dejará de ser un derecho básico, y se convertirá en una mercancía, cuyo precio lo fijará el mercado, sin ninguna regulación estatal.
En rigor, el Gobierno de Javier Milei pretende adecuar las tarifas del sistema energético argentino de modo tal que reflejen los costos reales de los tres eslabones de la cadena energética: generación, transporte y distribución.
Hasta la llegada del nuevo Gobierno en diciembre pasado, en nuestro país regía el criterio de que la energía es un derecho básico; un criterio que prevalece en todo el mundo. Según este criterio, el acceso al servicio de energía es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, casi todos incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Desarrollo Sostenible, lo cual ayuda a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial (Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 65/151. Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos).
En la misma Resolución se resalta la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para lograr un desarrollo sostenible que sea fiable, de costo razonable, económicamente viable, socialmente aceptable y ecológicamente racional.
Pero si el Senado Nacional finalmente aprueba el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados, la energía dejará de ser un derecho básico y se convertirá en una mercancía, cuyo costo se fija sin la intervención del Estado, y por la cual el consumidor final deberá pagar lo que vale.
Como ya se sabe, el gobierno de Javier Milei pretende introducir cambios culturales profundos en el país; que en la cuestión energética podría enunciarse así: la energía no es más un derecho, es una mercancíaa la que se accede pagando lo que vale.
Según el ideario libertario que impregna la Ley Bases, todos los gobiernos nacionales anteriores le hicieron creer a los argentinos que los servicios públicos, entre ellos la energía, eran un derecho tutelado por el Estado, al cual se podía acceder pagando valores mucho más bajos que sus costos. Una “fiesta” que se termina con la Ley Bases, en nombre de la racionalidad económica termina.
Hasta diciembre pasado, era el Estado nacional quien realizaba las inversiones necesarias para el mantenimiento del sistema, en forma de subsidios, con el objetivo de abaratar el precio final de la energía.
Pero ahora ya no; en pos de alcanzar el déficit cero, el presidente Milei resolvió que el Estado nacional no ejerza más el rol de administrador del mercado eléctrico mayorista (apartando a CAMMESA); dejando liberado el mercado eléctrico argentino.
Previamente, el gobierno libertario había fijado un nuevo tipo de cambio, devaluando el peso un 118%, lo que impacta fuertemente en el precio final de la energía, porque toda la cadena energética está dolarizada.
Estas medidas implicaban que el consumidor final de servicio pague mucho más caro por sus consumoseléctricos, porque ahora deben afrontar de sus bolsillos los subsidios que ya no aporta el Estado para mantener el sistema energético dolarizado.
Es fácil concluir que la política del déficit cero, se alcanzó hasta ahora no pagando contratos con generadoras y transportistas; pero en el futuro el déficit cero será posible recortando subsidios en los tres eslabones de la cadena energética, es decir, poniendo en jaque un derecho básico como es el acceso a la energía.
Ahora es una ley del Congreso Nacional la que determinará que la energía es una mercancía, liberada a las fuerzas del mercado, que no es más un derecho básico. Así, el Estado se desentiende de garantizar que la energía llegue a todos, en todos los rincones del país. Llegará solo a quienes la puedan pagar.
Lic. Aldo Palavecino
Ex Vicepresidente EC SAPEM