El contexto de Catamarca y las marcas de la dictadura.
Los memoriosos recuerdan que octubre del ’83 fue álgido, intenso y muy dinámico. El último interventor de la dictadura se esforzaba por mostrar una Catamarca que dejaba atrás la pobreza. En momentos que inauguraba el hospital de la ciudad de Recreo expresaba: “Catamarca debe dejar ser la provincia humillada y maltratada. Tiene que salir con el pecho fuerte, adelante, con optimismo, con fe en el futuro, porque el futuro es nuestro”. También se inauguró el edificio de la Escuela Normal de San Isidro, todo un ícono del progresismo liberal quedaba atrás de esta acción simbólica de lo posliberal, una dictadura inauguró el edificio de una escuela que fue el pilar fundante del modelo Republicano. A su vez, también en un acto legitimante, una fracción de la intelectualidad catamarqueña participaba de un encuentro internacional, otra parte organizaba el tercer congreso de historia de Catamarca, no sabemos si había un acuerdo explícito en ello pero de todos modos se contribuía a generar una imagen de normalidad y hasta de progreso, lo cual no era inocente a días de la elección que reabría el régimen democrático. El gobierno provincial tenía especial interés en garantizar la continuidad o por lo menos no ser considerado enemigo en los nuevos tiempos. A través del apoyo de la ley de amnistía se buscaba la inmunidad (impunidad) de los actos atroces del pasado reciente.
Pero la realidad, tan empecinada siempre, decía que: había paros de los trabajadores estatales, de los docentes entre otros. El haber mínimo de los jubilados ascendía a la módica suma de $a 1.400, un docente que recién se iniciaba cobraba $a 2.563 y un docente con el máximo de antigüedad $a 3.874, la inflación era del 471%. la población rural era atravesaba una paupérrima situación, erala que más sufría las condiciones de labilidad socioeconómica que se traducía en viviendas precarias apenas habitables, salarios bajos o sin ingresos, exclusión del sistema educativo y de salud, con escaso acceso al agua potable o energía eléctrica. En definitiva, era una demostración de la herencia que dejaba la dictadura era un gran condicionante para el nuevo orden que se pretendía restaurar.
Por otra parte, los fríos números de la estadística demostraban que la urbanización finalmente se imponía sobre la ruralidad, los indicadores de un 57,5 % de PU y un 42,5 % de PR, así lo confirman, en el ámbito urbano podía apreciarse rasgos de una modernización deseada. Sin embargo, variables como la del desempleo no daban buenos augurios, junto a La Rioja y Tucumán compartimos el 2,3 % de desocupados sobre la PEA, apenas superior a San Juan que con el 2,5%, provincia con mayor índice de desocupación (bajisimo indicador para lo que vendría después).
En cuanto a la estructura ocupacional el mayor porcentaje lo representan los empleados públicos con un 35,55% de la PEA, solamente el sector docente estaba en un 6,7% de la PEA, el cuentapropismo ascendía a 21,54% de la PEA. Ello era un indicador que el trabajo escaseaba fuera del ámbito público-estatal y que la creciente burocracia gubernamental jugaba un rol clave en el proceso electoral que estaba en ciernes.
Arnoldo Castillo firmaba el 29 de julio de 1983 la ley provincial 3.958 que regulaba el marco normativo para las elecciones a desarrollarse el 30 de octubre de ese año. Rubricada por el subsecretario de gobierno (a cargo del ministerio de gobierno justica e instrucción pública) Ricardo Gaspar Guzmán y el ministro de bienestar social Rosendo Cano, esta norma entró en vigor el 2 de agosto. Sus principales puntos referían al alcance: regía para la elección de Gobernador y vicegobernador, Senadores, Diputados, Intendentes de Municipalidades de Primera Categoría, y Concejales de los Municipios de la Provincia de Catamarca. Establecía el modo de elección directa a simple pluralidad de votos. Fijaba la elección de un senador provincial con un suplente por cada uno de los dieciséis departamentos de la provincia. También determinaba que los diputados serían electos directamente por el pueblo, fijaba el territorio de la provincia como distrito único y establecía que sería electo un diputado cada 4.000 sufragios; la fuerza que obtuviese la mayoría de los votos le correspondería el 60% de las bancas, el 40% restante sería para la segunda fuerza. Con lo cual quien obtuviese la tercera posición se quedaba sin escaños en la legislatura provincial.
En el caso de los intendentes y concejales se seguía el mismo criterio que para gobernador y diputados provinciales. A los extranjeros se le permitía sufragar siempre y cuando se inscribiesen en el padrón. Como dato sobresaliente la norma establecía que la lista era determinante para acreditar la validez del voto independientemente de las tachas u objeciones del votante. Vieja demanda para evitar la anulación del voto.
Pero no todo se jugaba en el plano legal, si bien la norma estableció que los partidos debían legitimar sus candidaturas por vía de las elecciones internas había viejas rencillas que debían ser saldadas. Esta era la oportunidad.
