sábado 21 de mayo de 2022

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Acceso a la Justicia

El camino de las víctimas

Por segunda vez, el Juzgado Correccional de Tercera Nominación se constituyó en Recreo, La Paz. El presidente del Tribunal contó sobre esta experiencia.

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8 de mayo de 2022 - 01:00

En octubre del año pasado, el Juzgado Correccional de Tercera Nominación se constituyó en la localidad de Recreo, La Paz, a fin de llevar a cabo en dos jornadas varias audiencias. A finales del mes pasado, la experiencia se repitió. El juez Correccional Javier Herrera, junto con el fiscal Víctor Figueroa y la defensora Penal Oficial de Cuarta Nominación Lorena Paschetta, viajaron a esta comunidad y llevaron a cabo seis audiencias. En ambas oportunidades, la mayoría de las audiencias fue por delitos de violencia familiar y de género.

En una charla con Revista Express, el magistrado comentó sobre la experiencia de trasladar el Tribunal hacia la gente, tanto a víctimas como imputados y testigos. “Fuimos testigos de cómo algunas víctimas, emocionadas, se sorprendían al sentirse escuchadas. Algunas llegaron a dedo, otros haciendo un fondo común para un remís; otros debieron salir caminando a la ruta a la madrugada para tomar el colectivo llegar a la hora de fijadas las audiencias en el centro cultural de recreo. Ello demuestra que citarlas a la Capital es un despropósito, una forma más de revictimización”, detalló.

En este sentido, recordó un cado en el que víctima y victimario llegaron a la terminal de ómnibus en el mismo colectivo. La iniciativa del traslado hacia esta localidad lapaceña fue propuesta por el Juzgado y aceptada de inmediato por la Corte de Justicia. El objetivo era procurar acercar la Justicia a la gente del interior de la provincia, buscando que el acceso a la Justicia de la mujer víctima de violencia -reconocido y exigido por los diferentes instrumentos internacionales en materia de violencia contra la mujer (CEDAW y la Convención de Belem Do Pará)-, deje de ser una mera expresión de deseos regulada en la norma y se transforme en una realidad concreta y palpable.

“El acceso a la Justicia no es otra cosa que llevar a las víctimas ante los tribunales, dándoles respuestas satisfactorias de tipo individual, que implique brindarles seguridad y una reparación oportuna. Centrándonos en la violencia de género, podemos decir que la falta de acceso a la Justicia es un obstáculo para la realización del derecho a la mujer a una vida libre de violencia y genera impunidad. Muchas veces el camino de la mujer víctima de violencia se convierte en un peregrinar, por lo que son necesarias medidas concretas y palpables, para que el conjunto de derechos y garantías que amparan a la mujer víctima deje de ser una cuestión formal, casi una expresión de deseos, y se vuelva una realidad”, consideró el juez Herrera.

Experiencias

Con relación a los expedientes que se tramitan en tribunales, el magistrado, tiempo atrás, comenzó a preguntarse sobre la realidad del interior provincial, si mujer víctima de violencia del interior provincial, de algún paraje lejano a la Capital, con dificultades económicas, de comunicación o transporte, tendría las mismas posibilidades de acceso a la Justicia que una mujer radicada en la Capital. “Quienes contamos con años en el sistema penal conocemos esa realidad. Durante diez años como fiscal de Instrucción vi muchas realidades que me permitieron asumir el cargo de juez Correccional con una mirada diferenciada de la realidad. Es que, más allá de los cambios radicales que se fueron produciendo en estos últimos años, siento que la administración de justicia penal catamarqueña está en deuda con el interior provincial, pues basta con acudir a las estadísticas de los tribunales de sentencia para advertir que los juzgamientos por hechos producidos en el interior provincial son los menos”, indicó.

De acuerdo con su experiencia y camino recorrido, el juez advirtió que el acceso a la justicia, para ser tal, debe ser igualitario, “pues donde haya desigualdad, no habrá acceso”. A fin de derribar las barreras de las desigualdades, debe dejar de pensar desde la comodidad y empezar a pensar en los ciudadanos.

“Para eso hemos concursado los cargos. Hay estructuras que parecen estar pensadas para la comodidad de los funcionarios y no de la víctima. Difícilmente, la mujer del interior provincial vaya a ser atendida por personal capacitado en cuestiones de género, que le informe en qué estado esta su denuncia, si se va a realizar el juicio. No podemos negar que hay lugares en donde el personal de mayor jerarquía es un suboficial de la Policía, ya que los jefes de zona tienen su base en los centros poblacionales”, precisó.

La cuestión es ¿se trata solo de una cuestión geográfica? Probablemente lo sea, dadas las características geográficas que tiene la provincia. Sin embargo, el juez Herrera remarcó que estas desigualdades persisten y se acentúan a medida que nos adentramos en el interior catamarqueño.

“La víctima se marea, y no sabe dónde acudir, pierde dinero, tiempo y siente que no logra nada. Nuevamente será más perjudicada quien no tenga posibilidades de acceder por sus propios medios a la Justicia. En algunos lugares, la mujer víctima de violencia siente que debe salir a golpear puertas pero no sabe cómo ni dónde”, aseguró.

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