La propuesta incluye también eliminación de indemnizaciones y la flexibilización de las vacaciones, que quedaría en manos del empleador.
El empresario Martín Varsavsky, que actualmente reside en Madrid, compartió una cena con el presidente Javier Milei, deslizó, en el marco de un diálogo cobre la reforma laboral, la posibilidad de instaurar jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, dentro de un borrador de reforma inspirado en el “modelo griego”.
Aunque Varsavsky se apresuró a aclarar que se trata de una propuesta “negociable”, la mera sugerencia encendió las alarmas de sindicatos, trabajadores y sectores académicos, que interpretan el gesto como una muestra más del sesgo ultra flexibilizador del actual gobierno.
Según explicó el empresario, la idea se enmarcaría dentro de un paquete más amplio de “modernización laboral” anunciado por Milei el pasado 11 de octubre en San Nicolás. Dicho paquete incluiría medidas de fuerte impacto:
El Gobierno sostiene que estas reformas buscan reducir la informalidad laboral, que afecta a la mitad de los trabajadores del país, y terminar con la llamada “industria del juicio laboral”. Sin embargo, para amplios sectores, las medidas representan una regresión histórica en materia de derechos laborales, especialmente porque en los países donde este tipo de medidas ya se impuso no mejoraron los problemas de informalidad pero sí empeoraron la calidad de vida de los trabajadores.
En redes sociales, la frase “13 horas de trabajo” se convirtió rápidamente en tendencia, acompañada de críticas que van desde la ironía hasta la indignación por el «esclavismo moderno».
Más allá de las aclaraciones de Varsavsky, quien insistió en que “no se trata de una política confirmada”, la propuesta revela el espíritu ideológico que guía el rumbo económico del oficialismo: un modelo donde la flexibilidad se prioriza por encima de la protección social y donde un empleado tendrá pocos recursos para negociar en un escenario con dificultades para llegar a fin de mes, conseguir trabajo, cobertura de salud, etc.
La comparación con Grecia, país que recientemente amplió la jornada laboral bajo fuerte rechazo ciudadano, no resulta casual. En ambos casos, se presenta como una “adaptación al mundo moderno”, aunque en la práctica implique trabajar más por menos derechos. Grecia también fue víctima de los experimentos disciplinadores del FMI.
El destino de esta reforma aún depende del debate parlamentario y del diálogo con los gremios, aunque la reacción inicial anticipa una resistencia frontal. Si el Gobierno insiste en avanzar por esta vía, la conflictividad social podría escalar en los próximos meses.
