El defensor del Pueblo valoró la medida del juez Díaz Martínez que restituye las pensiones por invalidez y cuestionó el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, se refirió al fallo del juez federal Guillermo Díaz Martínez que ordenó restituir las pensiones por invalidez suspendidas en todo el país y consideró que el proceso llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue irregular. En diálogo con Tiempo Real de Ancasti Streaming, sostuvo que, "si no fue cruel e inhumano, cuanto menos fue un proceso muy mal llevado a cabo".
Mera explicó que la Defensoría impulsó un amparo colectivo junto a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APyFaDiM) ante la falta de respuestas de los organismos nacionales. "Tuvimos que recurrir a la Justicia porque muchos discapacitados laborales que tenían la pensión se presentaron en una situación acuciante: de un día para el otro no les depositaron más y desconocían los motivos", relató. El funcionario destacó que la presentación fue acompañada por una medida cautelar y que el juez Díaz Martínez resolvió que la causa tuviera carácter de proceso colectivo, lo que permitió extender su alcance a todos los beneficiarios del país. "Según me cuentan, es la primera vez que pasa en la historia judicial de Catamarca", señaló.
Al analizar el impacto de la resolución, Mera consideró que la medida se dictó porque "a primera vista pareciera que se hicieron las cosas mal". Añadió que, al tratarse de un grupo vulnerable, el juez actuó preventivamente al advertir que el procedimiento de auditoría no había sido correctamente aplicado. El defensor remarcó que está "a favor de las auditorías", pero cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno nacional. "Lo que pareciera que se hizo fue dar de baja a todo el mundo y que vengan a acreditar. Si no fue cruel, cuanto menos fue un proceso muy mal llevado a cabo", sostuvo.
Mera advirtió que, en casos como este, el Estado no puede quitar un derecho sin notificar ni justificar la decisión. "El procedimiento no es así. No es ‘yo te saco y vos venís a acreditar’. Es exactamente al revés. Vos tenés un derecho, y si el Estado te lo va a quitar porque te lo dio mal, tiene que llamarte, convocarte y revisar tu expediente", explicó. También subrayó el rol de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos colectivos. "Si no hubiese estado la Defensoría, nunca hubiésemos podido tener este alcance. Probablemente los damnificados de lugares alejados nunca se podrían haber presentado y nunca hubiesen tenido alguien que los represente", indicó.
Finalmente, Mera resaltó que la institución funciona con los recursos del extinto ENRE, sin generar nuevos gastos al Estado provincial. "Catamarca hoy tiene una institución que brinda servicios y defiende derechos con austeridad, sin sumar cargos ni erogaciones. Es una herramienta concreta para garantizar justicia y representación colectiva", concluyó.
