Un proyecto minero divide a las comunidades originarias del norte de Belén
Amalaya S.A. agradeció el respaldo al proyecto de Aguas Calientes por parte de las comunidades, pero otro sector denuncia violencia y reclama la intervención de la Justicia.
La empresa minera Amalaya S.A. agradeció públicamente, en un comunicado fechado el 8 de septiembre, el respaldo de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, y de sus respectivos caciques, al trabajo de prospección que la firma realiza en el paraje Aguas Calientes, en la localidad de Villa Vil, norte del departamento Belén. El gesto dejó en evidencia la fractura que atraviesa a las comunidades originarias de la zona: mientras un sector avala el avance de la actividad extractiva, la comunidad de Peñas Negras denuncia violencia, hostigamiento y falta de respuestas judiciales frente al mismo proyecto.
En el comunicado, la empresa relató que personal y vecinos de Aguas Calientes que colaboraban en tareas de muestreo superficial fueron atacados a pedradas incluso con hondas lanzadas desde las alturas circundantes por un grupo de personas no identificadas, muchas ajenas a la zona, autoproclamadas de una comunidad denominada "Peñas Negras", a la que la firma descalificó por carecer de existencia registral y de personería reconocida. El hecho, señaló, interrumpió el trabajo y dejó herida a una persona de Aguas Calientes, que fue trasladada a un centro asistencial; agregó que personal policial se hizo presente en el lugar y tomó las denuncias correspondientes. Amalaya S.A. anunció que, junto a los agredidos, formalizará las denuncias penales contra los responsables y remarcó que la minería "es y seguirá siendo una actividad lícita, de trascendental importancia" y que Catamarca continúa entre las provincias con mayor producción y exportación de minerales del país.
La comunidad de Peñas Negras sostiene un relato opuesto. El domingo 6 de septiembre, su representante legal, Andrea Morales Leanza, pidió la intervención de la Fiscalía Penal de Belén por hechos de violencia, amenazas y hostigamiento que, según denunció, se habrían producido en el territorio comunitario. La presentación reclamó medidas urgentes para resguardar la integridad física de los comuneros y que personal judicial se trasladara al lugar para recibir testimonios, preservar evidencia y constatar lesiones. También pidió que se determine la identidad de personas que, de acuerdo con la denuncia, ingresarían al territorio sin autorización. La letrada agregó que algunas circularían en motocicletas sin identificación visible y sin exhibir orden judicial que justificara su presencia allí.
En declaraciones a Mañana Central, de Ancasti Streaming, la abogada describió la situación como "catastrófica" y afirmó que el territorio permanece cercado, sin posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca. Cuestionó la validez legal de los pedimentos mineros otorgados este año, por carecer de informe de impacto ambiental y de la consulta previa a la comunidad indígena. Detalló que el conflicto afecta de manera directa a unas 36 familias de Peñas Negras y, junto a la vecina comunidad salteña de Jasimaná, a alrededor de 1.000 personas. Dijo haber presentado el reclamo ante la Fiscalía de Belén, con copia al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, sin recibir acompañamiento ni la custodia policial que solicitó para trasladarse por la ruta habitual; por ese motivo, terminó ingresando al territorio por la localidad salteña de Jasimaná.
Un diálogo que no se cierra
El cacique Bernardo Gutiérrez de la comunidad de La Angostura, , una de las cuatro agradecidas por Amalaya S.A., relató que se había gestionado una reunión entre caciques, autoridades municipales y el Ejecutivo provincial para el domingo pasado, mediada por el delegado municipal de Villa Vil. El encuentro, dijo, se canceló a último momento porque el "cacique Sebastián" en alusión al referente que impulsa el reclamo- rechazó el diálogo. El dirigente insistió en los reclamos históricos de su comunidad: caminos, energía eléctrica y un colegio secundario propio en Aguas Calientes y evitó avalar las denuncias de represión policial: dijo haber visto, a la distancia, gritos entre ambos sectores y a la Policía acercarse para bajar la tensión.
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Juan Carlos Ledesma, coincidió en el diagnóstico de una comunidad dividida. Según explicó, en la zona hay cinco comunidades originarias con personería jurídica reconocida, todas favorables a la minería, mientras que el sector que protesta sería una escisión de una de ellas. El legislador remarcó que esa comunidad corta no solo el tránsito de camiones, sino también el paso de trabajadores que, subrayó, pertenecen a su vez a comunidades originarias de otras localidades de la provincia. Sostuvo que, de acuerdo con lo que averiguó con las autoridades, no se registraron episodios de violencia ni disparos, aunque de todos modos solicitará informes al área de Seguridad provincial. Llamó a "conversar, dialogar y tratar de aunar criterios" para alcanzar un punto intermedio, remarcó que en toda negociación "tienen que ceder ambas partes".
