Por Lic. Juan José Sánchez*
En el día de mañana, viernes 18 de septiembre de 2026, invitado por el Partido Solidario (PSOL - Catamarca) se presentará en Catamarca el dirigente José “Macho” Luna, quien hace 25 años se exiló en Venezuela, fue militante de la revolución bolivariana junto al comandante Hugo Chavez, y estuvo en Venezuela en el momento en que los Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro.
Ya en notas de opinión anteriores (**) venimos advirtiendo sobre los peligros de las construcciones de economías rentísticas donde no se controlan el origen de esa renta.
Ahora revisaremos los intentos de reformas estructurales propuestas por la llamada “revolución bolivariana” y las dificultades para escapar a la trampa rentística.
Para entender cómo Hugo Chávez llega al poder y qué hace con él, hay que remontarse al Caracazo de 1989 (la implosión del pacto “puntofijista”). El punto de quiebre fue un estallido social masivo contra el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez, que dejó cientos de muertos y destruyó la legitimidad del Estado como distribuidor benévolo de la renta petrolera. La pobreza crítica saltó del 17% en 1980 al 44% en 1989.
Ese mismo año, un grupo de militares liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez intentó un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. El levantamiento fracasó y Chávez fue encarcelado, pero su breve alocución televisiva -donde asumió la responsabilidad y dijo que “por ahora” los objetivos no se habían alcanzado- lo catapultó como figura nacional. La rebelión militar de 1992 dejó un saldo de 17 militares y 80 civiles muertos. Tras dos años de prisión, Chávez fue liberado y entró en la vida política, ganando las elecciones presidenciales de 1998.
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela con un juramento que anunciaba el programa de refundación:
“Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. ¡Lo Juro!”
Su primer decreto presidencial fue convocar un referéndum consultivo para que el pueblo decidiera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El 25 de abril de 1999, el 87,75% de los votantes aprobó la instalación de la ANC, con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna. Los 131 constituyentes electos por votación popular se agruparon en 21 comisiones permanentes para recoger las propuestas de los movimientos sociales.
La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea el 17 de noviembre de 1999 y ratificada por plebiscito popular el 15 de diciembre de 1999, con un 71,78% de votos a favor (3.301.475 votos por el SÍ frente a 1.298.105 por el NO). La Constitución de 1999 definió a Venezuela como una “sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”, y reconoció por primera vez derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la delimitación de sus territorios.
Esta Constitución incorporó explícitamente la promoción y protección de la economía social y solidaria. Estableció nuevas formas de propiedad colectiva y nuevos regímenes de jurídicos para las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas. El Artículo 118 reconoce el derecho de los trabajadores y la comunidad a desarrollar asociaciones como cooperativas, cajas de ahorro y mutuales, y establece que “el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”. Los Artículos 307 y 308 establecen la función social de la tierra y la promoción de la pequeña y mediana industria, las cooperativas y la microempresa bajo régimen de propiedad colectiva.
El gobierno de Chávez instituyó en 2003 las Misiones, estructuras para-gubernamentales, interministeriales e interinstitucionales, con presupuesto directo del excedente de la petrolera estatal PDVSA. Las primeras fueron programas de salud y educación en intercambio con Cuba.
Las principales misiones vinculadas a la economía popular fueron:
Las Misiones tuvieron un fuerte impacto positivo por su masividad y orientación hacia la población más pauperizada. Con las viejas estructuras administrativas no habría sido posible implementar estas políticas con la urgencia requerida.
El 11 de abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Chávez fue desalojado de la Presidencia por casi dos días. La histórica marcha que cruzó Caracas desde el este hasta el centro de la ciudad derivó en una balacera de tres horas cerca del palacio presidencial de Miraflores, con un saldo de 19 muertos y 69 heridos.
El general Lucas Rincón anunció: “Se le solicitó al presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”. Le siguió un gobierno relámpago del empresario Pedro Carmona, quien derogó la Constitución de 1999 en lo que se conoció como el “Carmonazo”.
La reacción popular no se hizo esperar. Seguidores de Chávez iniciaron protestas en todo el país exigiendo el retorno del mandatario constitucional. Alrededor de un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país exigiendo el respeto a la Constitución y el regreso de Chávez. Las fuerzas populares tomaron el Palacio de Miraflores, proclamando su lealtad al gobierno constitucional y su rechazo a la Junta golpista. El 13 de abril, Chávez regresó a la presidencia.
El 11-A marcó la década siguiente. Como señala la historiadora Margarita López Maya, “el 11-A sirvió para una polarización política que se está extinguiendo en la población de Venezuela, pero no en las élites de poder”. El golpe también radicalizó el proceso: Chávez profundizó las políticas sociales y la confrontación con la oposición.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, la oposición lanzó un paro petrolero que buscaba asfixiar económicamente al gobierno. El impacto fue devastador: pérdidas superiores a los 13.000 millones de dólares, cierre del 22% de la pequeña y mediana industria, elevación de la pobreza al 48% y una caída del PIB del 24%. La actividad económica cayó un 27,7% y las empresas básicas de Guayana (conjunto de grandes industrias estatales ubicadas al sur de Venezuela, dedicadas a la explotación y transformación de recursos naturales como el hierro, el aluminio, el acero y la electricidad) resultaron gravemente afectadas.
El gobierno respondió con despidos masivos en PDVSA -unos 16.000 empleados- y la recuperación del control de la empresa. El paro fracasó, pero dejó secuelas económicas profundas y consolidó la narrativa oficial de una “guerra económica” de la derecha contra la revolución.
En 2006, Chávez fue reelecto para un tercer mandato y anunció la instauración del “Socialismo del Siglo XXI”. En 2007 propuso una reforma constitucional que contemplaba la reelección sin límites, la extensión del mandato de 6 a 7 años y la instauración de un sistema económico socialista con nuevas formas de propiedad colectiva.
La reforma fue rechazada por una estrecha mayoría: el “No” se impuso con el 50,7% de los votos, mientras que el “Sí” obtuvo el 49,29%. Chávez reconoció su derrota: “Es una tendencia que no es reversible. Felicito a mis adversarios por su victoria. Nosotros estamos hechos para una batalla larga”. Fue su primer revés electoral en nueve años y un golpe a sus planes de reelección indefinida.
Tras el rechazo de 2007, Chávez impulsó una enmienda constitucional -no una reforma- para permitir la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular. La enmienda fue aprobada en referéndum el 15 de febrero de 2009 con el 54,86% de los votos. Modificó los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución, estableciendo el principio de reelección continua e indefinida.
Chávez celebró la victoria: “Ahora estoy listo para seguir comandando la revolución hasta el 2019 por lo menos, si Dios lo quiere así y el pueblo lo quiere de esa manera”. La enmienda le permitió postularse nuevamente en 2012, elección que ganó.
En 2007, Chávez impulsó la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la idea de disolver los partidos que apoyaban la revolución y unificarlos en una sola organización. El congreso fundacional se instaló el 2 de noviembre de 2007 y el partido se convirtió en la principal fuerza política del chavismo.
Los consejos comunales, regulados por ley en 2006, se convirtieron en espacios de organización barrial donde participan hasta 200 familias. Las comunas, conformadas por la agrupación de varios consejos comunales, buscaban construir un “Estado Comunal” con autogobierno y autogestión. Chávez sintetizó este horizonte en 2012 con la consigna “Comuna o nada”.
La oposición venezolana durante el chavismo se articuló en torno a varios episodios: el golpe de 2002, los paros económicos, las “guarimbas” (protestas violentas) y las elecciones. En 2013, tras la muerte de Chávez, la oposición concurrió por primera vez a unas elecciones presidenciales sin enfrentar a Chávez como candidato.
En junio de 2011 se le detectó un cáncer pélvico a Chávez. Fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas en Cuba, además de sesiones de quimioterapia y radioterapia. En diciembre de 2012 anunció la reaparición del cáncer y la necesidad de una nueva cirugía, y designó a Nicolás Maduro como su sucesor.
Chávez falleció el 5 de marzo de 2013 a las 16:25 hora local (20:55 GMT) en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, a los 58 años. El vicepresidente Nicolás Maduro anunció la noticia en cadena nacional:
“Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo... ha fallecido nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años”.
El ministro de Defensa, Diego Molero, anunció el despliegue de los cuerpos de seguridad en todo el territorio y ratificó la lealtad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a los poderes constituidos.
Entre 1999 y 2011, la pobreza en Venezuela bajó del 22,6% al 10,5%, la indigencia del 9% al 4,2% y el coeficiente de Gini de 0,498 a 0,397, lo que convirtió al país en el menos desigual del continente durante ese período. La inversión social en el gasto público total pasó del 52,13% en 1999 al 64,59% en 2009. La matrícula universitaria creció de 537.698 estudiantes en 1990 a 2.340.097 en 2011.
Sin embargo, el modelo rentista petrolero no se modificó. El petróleo pasó de representar el 90,9% de las exportaciones en 2000 al 96% en 2011. La dependencia de la renta petrolera para financiar las políticas sociales se profundizó. Se intentó controlar la renta petrolera con una fuerte intervención estatal, pero la fuga de capitales entre 2000 y 2010 fue equivalente al 43% del PIB de 2010, totalizando casi 300.000 millones de dólares en el período.
La institucionalización de la revolución fue un proceso “de arriba hacia abajo” (top-down), con estructuras paralelas, duplicidad de mando y superposición de acciones. Las instituciones quedaron “de derecho” pero no “de hecho”, y la distancia entre el discurso y la práctica fue una constante.
Como señala Edgardo Lander, “la lógica económica, política y cultural del rentismo, una vez instalada en la sociedad, adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que muy difícilmente puede ser revertida”. El propio Chávez reconoció en 2012 la prevalencia del rentismo petrolero capitalista y propuso avanzar a otro modelo productivo socialista, pero su plan incluía duplicar la producción petrolera, reforzando la dependencia.
En definitiva, la Revolución Bolivariana, como Chavez la definió, fue una revolución “que se está inventando a sí misma”, con todas las contradicciones y potencialidades que eso implica.
La experiencia venezolana ofrece un espejo incómodo para la Argentina del boom de Vaca Muerta, la minería, y el agronegocio. Durante un siglo, Venezuela intentó responder si un país puede salvarse vendiendo lo que extrae de la tierra. La respuesta que dejó la historia es negativa: no hay salvación en un recurso que no se controla, no se industrializa y no se diversifica.
Chávez heredó en 1999 una economía que exportaba el 90,9% de sus divisas en crudo e importaba casi todo lo que consumía. La revolución prometió “sembrar el petróleo”, industrializar, diversificar. Como se dijo, con los precios del barril en alza, los indicadores sociales mejoraron. Venezuela pareció convertirse en el país menos desigual del continente.
Pero la estructura no cambió. Cuando el precio del petróleo se derrumbó en 2014, todo se derrumbó con él. La hiperinflación alcanzó el 130.000% anual. El PIB se contrajo un 80% en una década. Más de siete millones de venezolanos -cerca del 25% de la población- emigraron. El rentismo, una vez instalado en el cuerpo de una nación, adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que es imposible de revertir en el corto plazo.
La “enfermedad holandesa” describe el fenómeno por el cual un boom exportador de recursos naturales provoca una entrada masiva de divisas, aprecia la moneda local y deteriora la competitividad de los demás sectores. El FMI ya advirtió para la Argentina que el Gobierno deberá “mantener un tipo de cambio real competitivo” y acelerar la acumulación de reservas “para evitar los desafíos de la enfermedad holandesa que podrían afectar a los sectores intensivos en mano de obra”.
En Venezuela, la enfermedad fue letal: la apreciación artificial del bolívar hizo inviable la producción local frente a las importaciones baratas. La industria del calzado desapareció, la agricultura se desplomó, el país se convirtió en una red de importadores y especuladores de divisas preferenciales. Cuando la renta se cortó, no había nada que la reemplazara.
En Argentina, el riesgo es idéntico. El informe del IERAL (Fundación Mediterránea) advierte que el fenómeno golpea “especialmente a los sectores más intensivos en mano de obra y expuestos a la competencia externa, como la industria textil, del calzado, metalúrgica o de neumáticos”. Mientras Vaca Muerta produce más petróleo que nunca y exporta más energía que nunca, el empleo formal acumula 300.000 puestos menos desde noviembre de 2023. El barril sube, las divisas entran, el trabajo no se crea y las divisas salen en servicios a la deuda y remisión de utilidades al exterior.
El RIGI es una “constitución económica paralela” que otorga a los proyectos un blindaje jurídico por treinta años, restringiendo la capacidad de decisión del Estado nacional y de las provincias sobre aspectos centrales de su regulación. Al desplazar los litigios hacia tribunales arbitrales internacionales y limitar los márgenes de regulación ambiental, cambiaria y fiscal, el régimen consolida un esquema de protección excepcional para las inversiones.
Los números son elocuentes: 44 proyectos han solicitado su adhesión al RIGI, con inversiones comprometidas por casi 199.000 millones de dólares. De los 21 ya aprobados, doce son del sector minero, cinco de petróleo y gas. La economista Delfina Rossi lo sintetizó: “El RIGI es una política que remite ventajas fiscales y cambiarias para inversiones arriba de 200 millones de dólares. Dicen que con el RIGI entran dólares, pero en realidad le da la garantía a muchas grandes corporaciones de que puedan remitir utilidades accediendo al Mercado Único Libre de Cambios”. Los dólares entran, pero también salen. Y lo que queda es un país más dependiente, más desigual y más vulnerable.
En Venezuela, la PDVSA se convirtió en una empresa estatal atípica: tecnificada, internacionalizada, aliada con capitales foráneos. Pero siempre fue el motor que alimentaba la maquinaria fiscal rentista. Cuando el petróleo dejó de alcanzar, no había nada debajo. En la Argentina, la minería y los hidrocarburos concentran el 62% y el 36% de los montos de los proyectos aprobados, respectivamente, mientras “ambas actividades generan escaso empleo y tienen un enorme impacto en los ecosistemas”.
En Venezuela, hacia 2026 se había recuperado la capacidad de producir alimentos: el 98% de los alimentos en los supermercados eran de producción nacional. Había 46 marcas de harina de maíz compitiendo. Pero la producción nacional dependía críticamente de insumos importados: el maíz, la soya, el trigo. La harina era venezolana, pero el grano venía de Brasil o Estados Unidos. Era una sustitución de la etapa final del proceso, no una transformación de la estructura productiva.
En Argentina, el Observatorio del RIGI lo confirma: “Lejos de promover nuevas actividades o diversificar la estructura productiva argentina, el RIGI se convirtió en un esquema de privilegios para sectores extractivos ya consolidados”. La mayoría de las inversiones “ya estaban en marcha o se iban a realizar de todos modos”. El Estado deja de recaudar impuestos para “promover” lo que el mercado ya estaba haciendo. Lo que queda son enclaves económicos, con un fuerte perfil exportador de materias primas, con escasos encadenamientos productivos endógenos, alta fragmentación y dependencia del mercado internacional.
En Venezuela, la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 fue el epílogo de un proceso que comenzó mucho antes: la pérdida de soberanía sobre los recursos. Las sanciones internacionales, la reconfiguración de las élites, la dependencia de un recurso que no se controlaba. Cuando las fuerzas estadounidenses entraron a Caracas, no encontraron un país soberano. Encontraron un Estado quebrado, una economía en ruinas y una sociedad que había aprendido a sobrevivir en la informalidad y el ilícito.
El RIGI, la Ley de Tierras, Vaca Muerta y la desregulación societaria “son las piezas de una misma arquitectura legal diseñada para convertir al territorio argentino en una plataforma de extracción sin control estatal”. En Venezuela, esa plataforma se llamó PDVSA. En Argentina, se llama RIGI.
El rentismo es una experiencia, antes de ser teoría. Es ver cómo un país entero se acostumbra a vivir de la renta, cómo se destruye la industria, cómo se precariza el trabajo, cómo se naturaliza la desigualdad. Es ver cómo los dólares entran y salen, cómo las élites se enriquecen, cómo el Estado se vacía. Es ver cómo, cuando el precio cae, todo se cae. Y es ver cómo, al final, cuando ya no queda casi nada, viene otro país a llevarse los saldos a precio de liquidación.
Vaca Muerta puede ser una oportunidad. Pero solo si se usa para transformar, no para extraer. Solo si los dólares que entran se quedan, se invierten, se industrializan, se distribuyen. Solo si el Estado recupera la capacidad de decidir sobre sus recursos, en lugar de cederla a tribunales internacionales por treinta años. Solo si el litio, el cobre, el petróleo y el gas sirven para construir un país, no para financiar la fuga de capitales.
El espejo de Venezuela está ahí: en las góndolas vacías de 2016, en la hiperinflación de 2018, en los siete millones que se fueron, en las metralletas del 3 de enero. No es un futuro inevitable. Es una advertencia. Y las advertencias solo sirven si se escuchan a tiempo.
Recordamos la invitación para el día de mañana, viernes 18 de septiembre de 2026, el Partido Solidario (PSOL - Catamarca) organiza la charla VENEZUELA, OTRAS VOCES, con el dirigente José “Macho” Luna como invitado. Las y los esperamos.
*Juan José Sánchez es Lic. en Administración; Lic. en Comercio Internacional; Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS - UNQ); y Especialista en Planeamiento Educativo (IIPE - UNESCO). Es miembro del Instituto de Investigación Cecilia Grierson, y del Partido Solidario (PSOL) juanjosanchez61@gmail.com
(**) Notas anteriores:
Venezuela y la Doctrina Drago: https://www.elancasti.com.ar/opinion/venezuela-y-la-doctrina-drago-n603669
En el espejo de Venezuela antes de Chavez: https://www.elancasti.com.ar/opinion/en-el-espejo-venezuela-antes-chavez-n604251