El diputado provincial Tiago Puente (UCR) cuestionó la iniciativa del Gobierno que propone que un integrante de la oposición se sume al Directorio de la empresa minera estatal CAMYEN, aseguró que esa discusión puede darse más adelante y sostuvo que no es una posición caprichosa, al recordar que ya existen organismos de control que no funcionan y que la oposición “hace diez años que pide un mayor control de la política minera, no sólo de CAMYEN”.
“La empresa se creó en 2012 en la gestión de Gobierno de Lucía Corpacci y en 2014 la entonces diputada Marita Colombo presentó un proyecto con la finalidad de crear una comisión bicameral para controlar la actividad. Ese proyecto se aprobó recién en el 2019 y todavía estamos esperando que se aplique. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Los 99 años de vida que tiene la sociedad del Estado?”, cuestionó Puente.
En esa línea, aseguró que coincide “en la necesidad de transparencia y de que se posibilite un verdadero control y seguimiento de la política minera en general y no sólo de CAMYEN”. “Pero así como esperaron 10 años para proponernos una incorporación, el tema puede esperar hasta dar un debate serio y dejar de crear normas sobre normas sin voluntad de cumplirlas”, remarcó.
Puente también cuestionó los dichos de la presidenta de la empresa, Susana Peralta, y aseguró que ya se propusieron otros mecanismos que no fueron contemplados. “Ahora salen a decir que ‘nos oponemos porque sí’. Hemos propuesto mecanismos que no fueron tenidos en cuenta y fuimos reiterativos con los pedidos de informes para conocer el estado de situación de la actividad minera y, como siempre, hemos tenido como respuesta un silencio lacerante, aún estando obligados a rendir cuenta en virtud del artículo nº5 de la Ley de Distribución de las Regalías y del artículo nº17 de la Ley de Presupuesto del 2023, agregado a pedido de nuestro bloque porque se rehusaban a cumplir con lo dicho anteriormente”, apuntó.
El diputado de la Línea Celeste consideró que “no hay que entretenerse con este hueso, porque hay una agenda en la calle que tiene urgencia en ser atendida”. “De concretarse esta propuesta del Gobierno no cambiaría nada, y ni siquiera hay garantías que se vaya a cumplir, como tampoco se cumple con el funcionamiento de la bicameral”, insistió.
“La provincia la está pasando mal, con un sistema de salud pública paupérrima que obliga a los catamarqueños a dejar lo poco que cobran en los sanatorios del gobernador, una educación que literalmente se cae a pedazos, con una inseguridad que crece día a día, y con bolsillos raquíticos a los que Raúl Jalil quiere llenar con dádivas”, reclamó y aprovechó para cuestionar que el bono de $120.000 tiene un tinte electoral: “es cierto que es un ‘alivio’, pero no lo vendan como una solución, porque de fondo se trata del atraso en el aumento salarial. Esos son los temas que realmente importan, y es ahí donde nosotros como oposición debemos enfocarnos”, expresó.