Cuatro al banquillo. En orden, Víctor Brandán, Pablo Doro, Guillermo Martínez y Carlina Zurita de Valles.
A partir de las 8.30, en la Cámara Penal Nº3 se espera una definición en torno a la continuidad del juicio por la causa conocida como "las compras directas", ya que el Tribunal deberá expedirse por cuatro planteos que fueron presentados por los abogados defensores. Se trata de dos planteos de nulidad, un pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal y la incorporación de un fallo del Tribunal de Cuentas que absolvió a los cuatro imputados.
El juicio pasó a un cuarto intermedio que se reanudará esta mañana y los jueces Marcelo Soria, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi, deberán definir si hacen lugar a los planteos presentados. El último fue realizado por la defensa del exsubsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, ejercida por el abogado Pedro Vélez, quien pidió el sobreseimiento de su cliente al considerar que se venció la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable y que la acción penal estaría extinta, ya que los hechos denunciados ocurrieron en 2003 y recién fueron denunciados en 2004, tras una investigación de El Ancasti. Es decir, pasaron 19 años desde los episodios que aún no pudieron ventilarse en el debate.
Por otra parte, el miércoles pasado el abogado Carlos Rosales Vera, quien representa al exministro de Salud, Pablo Doro, incorporó a la causa un fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia que data de 2013, en el que se analizaron las compras directas denunciadas y se absolvió a los cuatro responsables que hoy son juzgados.
En este sentido, si el Tribunal hace lugar a estos planteos, puntualmente el de Brandán, los implicados podrían beneficiarse con el sobreseimiento sin haber conseguido una condena que los absolviera.
Además de estos, el lunes pasado se habían presentado dos pedidos de nulidad del juicio que no fueron resueltos todavía por el Tribunal.
Uno fue también presentado por Vélez, defensor de Brandán, quien consideró que la Cámara Penal Nº3 no es competente para desarrollar el juicio ya que fue creada en 2008, cuatro años después de realizada la denuncia de los hechos. En ese sentido, consideró que el juicio debería realizarse en la Cámara Nº2.
El otro fue presentado por la defensora oficial Lorena Paschetta, que representa al exencargado de depósitos Guillermo Martínez y la exencargada del servicio de Contaduría, Carlina Zurita de Valles, quien consideró que el testimonio que se tomó a Zurita de Valles fue "forzado" y se violentó el derecho constitucional de defensa.
El Ministerio Público Fiscal se opuso a ambos planteos de nulidad. Los fiscales Miguel Mauvecín y Facundo Barros Jorrat consideraron que no se violentó ninguna garantía y que la Cámara Nº3 es juez natural de la causa y cuestionaron la falta de oportunidad del planteo de Vélez ya que advirtieron que fue hecho para dilatar una vez más el proceso. “El inicio del debate se fijó para el 25 de junio de 2019. Allí pudo haber interpuesto la pretensión. Sin embargo, continuó con una serie de actos procesales tendientes a retrasar el procedimiento e hizo cinco presentaciones para dilatar el inicio del juicio”, explicaron.
Respecto de la nulidad del testimonio tomado a Zurita de Valles, los fiscales señalaron que no fueron valorados para la acusación fiscal de la imputada. “Además, no es una acusación definitiva y es posible incluso su desistimiento”, dijeron y consideraron que no hubo afectación de las garantías constitucionales ni hubo perjuicio alguno.
El Estado Provincial es querellante en esta causa, representado por los abogados Mauricio Fuenzalida y Ezequiel Moreno, de Fiscalía de Estado. Ambos coincidieron en que desde que se fijó la elevación a juicio, la defensa de Brandán no planteó la nulidad sino distintas suspensiones del proceso, mientras que los testimonios cuestionados por la defensa de Zurita “no fueron elementos contemplados para la imputación”.
La defensa de Brandán anticipó que hacía reserva de casación de la causa y eventualmente de caso federal.
