Santa María: Minería aclaró controversias por proyecto
Vecinos reclaman falta de información de parte del concesionario. Minería informó que aún no se presentó un IIA.
Las comunidades originarias del Valle Calchaquí intensificaron en las últimas semanas un reclamo contra el proyecto minero Sofía Gold, concesionado en Santa María para la explotación de oro y cobre. El Ministerio de Minería aclaró que la concesión fue otorgada a Bernard Paul Vuillemert a mediados de octubre, que se notificó por los canales formales hasta diciembre pasado, y que pese a que tenía 30 días hábiles para presentar su Informe del Impacto Ambiental (IIA), aún no han hecho presentación alguna, por lo que todavía no tiene actividades habilitadas por la autoridad administrativa.
"Cabe mencionar que la elaboración y presentación de dichos informes debía contemplar que las actividades se proyecten respetando estrictamente las características, valores y restricciones propias del área debido a la sensibilización ambiental y social de la misma", indicó el Ministerio. "Los plazos ya estarían vencidos y hasta el momento no hay nada”, expresó Jorge Cardozo responsable de la oficina de control minero de Santa María.
En distintas asambleas abiertas, los vecinos denunciaron la ausencia de información oficial y advirtieron sobre los riesgos ambientales, sociales y culturales que implicaría la iniciativa. “Lo único que recibimos es contaminación, y queremos estar a favor de la vida y no en contra”, expresaron los vecinos, quienes remarcaron que la defensa de la Pachamama es el eje de su lucha.
El Ministerio de Minería, a través de un comunicado oficial, confirmó que la concesión fue otorgada a Bernard Paul Vuillemert en octubre de 2025 y que se estableció un plazo de 30 días hábiles para la presentación del informe de impacto ambiental. Sin embargo, hasta la fecha no se registran avances. El Ministerio ratificó su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa vigente y aseguró que continuará con el seguimiento administrativo del expediente. “Se promoverá una actividad minera responsable sustentada en la evaluación técnica y la protección del medio ambiente”, señalaron.
En las reuniones comunitarias se destacó que el proyecto abarcaría un amplio territorio, desde La Mojarra hasta el límite con Tucumán, incluyendo cerros y zonas bajas donde se asientan poblados. Los referentes alertaron que existen yacimientos arqueológicos y estructuras culturales que no han sido debidamente estudiadas, lo que agrava la preocupación por el impacto en el patrimonio. “Está muy tapado todo esto, tenemos que seguir investigando y difundiendo lo que sabemos”, remarcaron los vecinos, quienes cuestionaron que la información haya circulado entre particulares y no de manera oficial.
“Sabemos que dañan nuestra tierra y nuestra vida, por eso debemos difundir lo que sabemos”, señalaron. También cuestionaron la falta de presencia de autoridades municipales en la reunión, lo que refuerza la percepción de desinformación y desinterés oficial.
La Comunidad India Quilmes, a través de su secretario general, fue tajante al señalar que su postura es “decirle no a la minería por todos los impactos que esto va a tener”. El dirigente aclaró que la institución no cuenta con beneficios en materia de asesoría legal, aunque sí dispone de un abogado comunitario, y garantizó el acompañamiento a otras comunidades en la defensa del territorio. “Nuestra postura es tajante, y cuenten con nuestro apoyo siempre”, enfatizó.
Los comuneros también cuestionaron la ausencia de autoridades municipales en las asambleas y denunciaron que las empresas mineras suelen prometer empleo y desarrollo que nunca se concretan. “Las explotaciones mineras lo único que dejan es contaminación y campos desolados”, afirmaron. En ese marco, recordaron que mientras se impulsan proyectos extractivos, el Estado desatiende necesidades básicas como salud y educación, lo que agrava la situación social. “No hay hospital, no hay buena salud, no hay buena educación. Con las minas no estamos mejor”, señalaron.
Los testimonios recogidos en las asambleas reflejan una profunda desconfianza hacia las empresas mineras y hacia las autoridades que avalan los proyectos. Vecinos relataron experiencias de conocidos que trabajaron en minas y que terminaron afectados por condiciones insalubres.
“El trabajo minero es insalubre y ganan mucho menos de lo que deberían. No se dejen vender humo”, advirtieron. La percepción general es que las promesas de empleo son limitadas y que los beneficios económicos nunca llegan a las comunidades.
La asamblea concluyó con el compromiso de continuar investigando y difundiendo los avances del proyecto Sofía Gold, en un contexto donde los vecinos reclaman mayor claridad y participación frente a decisiones que podrían modificar de manera irreversible el equilibrio ambiental y social de la región. “La voz del pueblo es la última palabra. No podemos dejarnos vender humo”, enfatizaron los participantes, quienes ratificaron que la defensa de la vida y del territorio es el eje de su lucha.
Mientras el Ministerio de Minería insiste en que se garantizará el cumplimiento de la normativa ambiental, los pueblos indígenas sostienen que la falta de transparencia y el incumplimiento de requisitos.n
