El gremio reclamó la convocatoria a la paritaria nacional y denunció el ajuste educativo. Capital Humano advirtió que aplicará sanciones si no se garantiza el servicio mínimo.
El gremio CTERA lleva adelante un paro docente en todo el país, en un clima de tensión por los controles del Gobierno. El principal sindicato de maestros señaló que la medida de fuerza responde a la “permanente negativa” del Ejecutivo de convocar a una mesa paritaria nacional. El ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fiscaliza la medida de fuerza con agencias territoriales y aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo en las escuelas.
La medida de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación ocurre en la vuelta a clases por el fin de las vacaciones de invierno en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, e impacta en todas las escuelas públicas del país.
Según informó esta tarde el gremio, el paro “tuvo un altísimo acatamiento en todo el país, con una masiva participación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en las distintas acciones y movilizaciones realizadas en cada provincia”.
“La contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno Nacional”, expresaron en un comunicado.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta tuvo hacia el mediodía una movilización donde también participaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otros sindicatos del sector. En la marcha Sonia Alesso, titular de CTERA, denunció una “grave crisis presupuestaria” y “falta de diálogo“ por parte del Gobierno.
Durante su discurso, Alesso sostuvo que los docentes perciben “salarios de hambre” y que están “endeudados” debido a que sus ingresos continúan “congelados” y “no llegan a fin de mes”. En la misma línea, exigió “de forma urgente” la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal que actualmente se encuentra por debajo de la inflación.
Además se reclamó mejoras en el financiamiento educativo, la restitución del FONID y el pago de los fondos nacionales destinados a la educación, así como la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo en rechazo al proyecto oficialista de Ley de Libertad Educativa.
Alesso criticó la falta total de inversión en infraestructura y sostuvo que el Poder Ejecutivo “no construyó ni una sola escuela” en lo que va de su gestión. Aseguró que la crisis educativa actual es “peor que la de los años ’90”, en referencia al deterioro en el sector durante los gobiernos de Carlos Menem, donde el Estado nacional “también se había desresponsabilizado” del financiamiento escolar.
No hay clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas dictaron clases con normalidad, aunque los gremios aseguran que hubo una alta adhesión en todo el sistema educativo.
Tras el paro docente en todo el país, los dirigentes sindicales hablaron en conferencia de prensa y volvieron a cuestionar duramente al Gobierno.
El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, planteó que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y que la situación abarca a todos los niveles.
“No es una frase caprichosa, es parte de una realidad lamentable. En todos los niveles está padeciendo la falta de políticas que lo pongan en valor”, señaló.
En esa línea, sostuvo: “Hay una falta de reconocimiento en la tarea docente por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, que ubican el salario inicial en la línea de pobreza y en algunos casos, en la línea de la indigencia. Me da vergüenza decir esto. El sistema educativo lo sostenemos los trabajadores. Pero le pedimos al Gobierno que dejen de dormir la siesta y atiendan a la educación".
Luego fue el turno de la secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry: “El mensaje es que hoy estamos defendiendo las condiciones de trabajo, de vida, de salud, las condiciones jubilatorias de nuestros compañeros y compañeras, pero también estamos defendiendo el sistema educativo argentino”.
“Queremos que se reabra la paritaria no solamente para discutir el salario, sino para sumarle a la discusión el tema de las condiciones de trabajo. Más del 80% son compañeras mujeres, cabezas de familia, que cobran sueldos por debajo de la pobreza y mayoritoriamente tienen que tener un segundo o tercer trabajo por fuera de la docencia para sobrevivir. Esas son las condiciones en las que hoy estamos”, advirtió.
Por su parte, el secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, apuntó contra la administración libertaria: “Lamentablemente tenemos un gobierno que es muy insensible ante los intereses de las grandes mayorías. No cumplen con la ley, con lo que se aprobó en ambas cámaras con lo del financiamiento universitario y después nos quieren hacer creer a nosotros que tenemos que cumplir la ley de reforma laboral que es totalmente regresiva y negativa. No lo vamos a hacer”.
“Tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Queremos una Argentina más inclusiva, que vuelva a generar esperanza y trabajo, y sobretodo que le devuelva la dignidad a los 47 millones de argentinos”.
En el caso de Octavio Argüello, otro de los integrantes del triunvirato de la CGT, remarcó: “La educación es un tema horizontal, nos toca a todos. Un país que pierde su educación y cultura es un país que no sabe hacia dónde va”.
Y adelantó: “Creo que es evidente que vamos camino a un gran paro general, porque esto no lo vamos a arreglar solamente con conversaciones. Lo dijimos cuando asumimos. Teníamos tres puntas para luchar: la judicial, la legislativa y la calle. Y tenemos la calle. Ahí vamos a estar presentes, peleando por nuestros derechos".
El Gobierno fiscaliza a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
Capital Humano advirtió que si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida es coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. Se prevé que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y envíen los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
La base de la fiscalización es la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Cuyo artículo 101 cambió el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. La norma estableció para esas actividades que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
