La Cámara de Diputados ratificó el Decreto Acuerdo 399/24, con el que el gobernador Raúl Jalil modificó la constitución de la empresa estatal Aguas de Catamarca, con el que se provincializó el servicio de agua potable, desagües cloacales y agua de riego. La oposición cuestionó el apuro por tratar el tema y lamentaron que hay cuestiones que no son transparentes como la administración de los recursos y el destino del personal de la Secretaría de Agua.
El diputado Mamerto Acuña (UCR), cuestionó que este fue “uno de los ocho decretos firmados por el gobernador una semana antes de empezar las sesiones”. “Es un tratamiento a las apuradas: un decreto no va a solucionar la distribución de agua y no es claro el decreto respecto de quién dependerán los empleados. ¿Cuáles van a ser las inversiones? ¿Cuál es el Presupuesto? Al día de hoy, el Gobierno le transfirió a Aguas de Catamarca $30.369 millones, no dice nada el decreto al respecto de esto”, cuestionó.
En el mismo sentido, Luis Fadel recriminó que con esta medida, el Estado se desobliga y “el servicio lo prestará una empresa privada con participación estatal, por lo que entramos en un ámbito en el que no se podrá hacer un seguimiento administrativo de los recursos del Estado”. “¿Los empleados pasarán a ser privados o serán adscriptos? El Ministerio dejará de ser Ministerio de Agua para ser sólo Ministerio de Energía y Medio Ambiente”, cuestionó y criticó que “nada se dice de la prestación del servicio, ni de cuáles son los problemas que se solucionan con el cambio de operador”.
También Alfredo Marchioli consideró que el decreto acuerdo “es un error desde la forma y la calidad institucional, hasta la expectativa puesta sobre Aguas de Catamarca”. “Ahora se le agrega la parte de Riego. La empresa hoy no está en condiciones para recibir la ampliación de la concesión del servicio, muchos menos hacerse cargo de la captación, distribución y regulación del agua de riego. Nada dice el decreto sobre los derechos del regante, por ejemplo”, recriminó.
Por su parte, Hugo Ávila (FAC) remarcó que “este decreto centraliza aún más la perspectiva del Gobierno de Jalil”. “Es un gobernador que viaja mucho por el mundo y no observa que la tendencia mundial es la municipalización y federalización de la prestación de los servicios. Esto traerá resultados negativos. Está vigente desde abril y ya significó problemas para los pueblos”, sostuvo.
El diputado Juan Carlos Ledesma fue el encargado de defender el proyecto y aseguró que la medida “permitirá optimizar y mejorar los servicios, especialmente en el interior de la provincia, logrando un manejo más ordenado del mantenimiento y nuevas obras”. “Los empleados no van a pasar a la empresa, quedan en la Secretaría de Agua. Van a trabajar en conjunto. Lo que se busca con el decreto acuerdo es la optimización de los recursos, el trabajo y las obras que hay que hacer, en un trabajo mancomunado con personal capacitado. Acá se habla de negocios espurios que benefician a funcionarios y empresas amigas del poder. Me hace acordar a 20 años de otro gobierno. Así quedaron los servicios públicos”, ironizó.n