Magistrados, profesores y penalistas advirtieron que los proyectos del Gobierno son regresivos y pidieron frenar un tratamiento exprés en el Congreso.
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Los proyectos de reforma laboral y penal impulsados por el Gobierno, para que sean tratados en las sesiones extraordinarias del Congreso, produjeron un revuelo en el mundo de jueces, funcionarios judiciales y profesores de derecho que cuestionan los cambios propuestos por regresivos.
En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó que “rechaza de manera categórica” las modificaciones incluidas en el proyecto denominado por el Ejecutivo como “Ley de Modernización Laboral”. Los principales puntos a los que se opone la asociación de jueces y funcionarios judiciales son los “tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”, por lo que calificaron de “inadmisibles” los artículos 90 y 91 del proyecto.
“Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, indicó la asociación en un comunicado firmado por su presidente, Andrés Fabián Basso, y su secretaria General, María Carolina Ocampo.
Los artículos rechazados por la AMFJN, por un lado, pretenden limitar el control de constitucionalidad y el accionar de los jueces de primera y segunda instancia, ya que los obliga a adecuarse a los precedentes de la Corte Suprema bajo la posibilidad de acusarlos por “mal desempeño en sus funciones” en caso de “apartamiento” de esos criterios, señala el art 90. Y, por otro lado, el art. 91, ordena la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo, hasta eliminarla completamente para que sea reemplazada por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También expresó su “profundo rechazo” al proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). “Se trata de una lisa y llana eliminación de derechos laborales y de la seguridad social”, afirmó.
En esa línea apuntó que “Carece de asidero y fundamento la necesidad de ampliar la jornada laboral y quitar los límites – diario y semanal – reconocidos a fines de siglo XIX”, señala y destaca que eso afectará la “integridad psicofísica y la posibilidad de ejercer el derecho al cuidado” de los trabajadores.
Sostiene que “La introducción del concepto de 'salario dinámico' destruye el sentido igualador y justo de la remuneración”, lo que además propicia la competencia entre trabajadores y los ingresos dignos. La AAL señala que se destruye el orden público laboral y “se da preponderancia a la negociación individual entre empleador y trabajador/a, lo cual exacerba la posibilidad que el patrón imponga su voluntad ilimitada”. En cuanto a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, asegura que “constituye un negocio financiero cuya meta es subsidiar a las empresas para que puedan despedir a costa del desfinanciamiento del sistema de seguridad social y previsional”.
“Se alienta la tercerización – interposición de personas y subcontratación – eliminando supuestos de solidaridad entre empresas y eliminando responsabilidad patronal. Asimismo, se consagra la exclusión de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios a través de empresas de plataformas digitales de todas las protecciones laborales”, remarcó entre otros puntos la asociación de abogados. A su vez indica que el proyecto fomenta los “convenio de empresa” por sobre los “convenios colectivos de trabajo de actividad” con el fin de “fragmentar la negociación colectiva” y romper el piso mínimo de derecho para todos los trabajadores de un mismo rubro.
Otra de las reformas que también quiere llevar a cabo el Gobierno es la del Código Penal, que fue enviado al Congreso el lunes cuatro de diciembre. La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal (AAPDP) llamó a dar un debate democrático, informado, con la sociedad civil, y no un “tratamiento exprés” por la magnitud del cambio que pretende llevarse a cabo. Al mismo tiempo, advirtió que las afirmaciones oficiales “avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad”.
La AAPDP propuso como base para una discusión seria los antecedentes participativos de los proyectos de reforma de 2006-2007 y 2012-2014, así como el digesto jurídico argentino (ley 26.939), elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También reivindicaron la tradición codificadora argentina “caracterizada por el respeto a las garantías constitucionales”, y recordaron figuras como Tejedor, Rivarola, Moreno (h.), Julio Herrera, Soler, Núñez y Fontán Balestra.
La entidad solicitó al Congreso que posponga el debate hasta las sesiones ordinarias y que garantice la participación de universidades, institutos especializados, colegios de abogados, asociaciones de magistrados y ONGs, para evaluar críticamente el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
El documento lleva la firma de ex presidentes de la AAPDP como Daniel Erbetta (profesor titular UNR), Javier A. De Luca (profesor titular UBA) y Omar Palermo (profesor titular UNCuyo), entre otros, junto con más de un centenar de profesores, investigadores y referentes del ámbito penal de universidades y organismos de todo el país.
