El diputado advirtió por la caída de la coparticipación, cuestionó falta de ejecución de fondos viales y aseguró que la medida aliviaría el bolsillo de la gente.
El diputado nacional Sebastián Nóblega respaldó el planteo del intendente capitalino Gustavo Saadi para que el Gobierno nacional elimine el impuesto a los combustibles, al considerar que su impacto es negativo tanto para los municipios como para la economía cotidiana.
A través de una entrevista en el programa Tiempo Real, el legislador señaló que la propuesta responde a una situación crítica marcada por “siete meses consecutivos de caída de la coparticipación”, lo que obliga a los municipios a hacerse cargo de servicios y demandas sin el financiamiento correspondiente.
“El impuesto a los combustibles genera alrededor de 6,1 billones de pesos, pero la realidad es que no se está ejecutando como corresponde”, afirmó. En ese sentido, explicó que una parte importante de esos fondos debería destinarse a infraestructura vial, pero denunció que “las obras están paralizadas y no se ve una mejora”.
Nóblega sostuvo que la eliminación del tributo tendría un impacto directo en la población. “Va a mejorar el bolsillo de la gente, del vecino que carga combustible, pero también de los municipios que necesitan mover camiones, maquinaria y sostener servicios como la recolección de residuos”, indicó.
Además, remarcó que el aumento de los combustibles repercute en toda la economía. “Impacta en los alimentos, en la industria, en el comercio y en la vida diaria de la gente. Es una situación clave”, advirtió.
Nóblega hizo una fuerte crítica al Gobierno nacional por el ajuste económico y la falta de respuestas a distintos sectores. "Creo que el gobierno nacional ha llevado el mayor ajuste de la historia, y eso lo dicen ellos, y este tipo de hechos de corrupción, como lo de Adorni; la cuestión de Espert; $Libra, la verdad que genera indignación en la gente, porque por un lado se habla del gobierno nacional de ajustar a los jubilados, a los docentes, a la salud, a las universidades, a los discapacitados, por otro lado, se da esta situación de estos escándalos que la mayoría están en situación judicial y la verdad que eso es lo que genera indignación. La gente lamentablemente está soportando fuertemente un gran ajuste en distintos sectores, también hay una crisis fuerte de la industria".
En la misma linea, insistió en que el Gobierno nacional debe dar respuestas a las demandas sociales y productivas. “Hoy los municipios y las provincias están sosteniendo servicios e infraestructura en un contexto muy complejo. Es una responsabilidad de Nación atender esta situación”, concluyó.
El legislador también hizo referencia a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, al señalar que afecta el funcionamiento de instituciones como la Universidad Nacional de Catamarca. “Repercute en la formación de los jóvenes, en la investigación y en los salarios docentes”, sostuvo.
El legislador defendió su voto a favor a la actualización de la ley de glaciares y sostuvo que la nueva redacción mejora su aplicación, al tiempo que refuerza los mecanismos de control y protección ambiental. Asimismo, afirmó que “se mejoró una buena ley” y explicó que ahora cuenta con mayor precisión normativa, lo que permitirá una implementación más efectiva. “Es más aplicable, más controlable y garantiza que la protección de los glaciares sea real”, señaló.
Remarcó que la norma establece un “núcleo duro sin negociación”, centrado en la preservación de los glaciares y los cuerpos incluidos en el inventario, así como de sus fuentes hídricas. En ese sentido, destacó que el objetivo principal es resguardar estos ecosistemas estratégicos junto con las geoformas periglaciares y sus cuencas.
Además, subrayó que la ley incorpora herramientas clave como procedimientos más claros, monitoreo constante, evidencia técnica y participación ciudadana. “Se fortalece un esquema de federalismo responsable, donde las provincias tienen un rol central en la evaluación ambiental y el control”, explicó.
El legislador también consideró que la normativa permite ordenar el desarrollo de otras actividades bajo criterios sustentables, brindando previsibilidad y reglas claras. “Esto era parte del debate: cómo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo”, indicó.
Por último, destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de las provincias y espacios como la Mesa del Litio, y aseguró que también contribuye a generar condiciones para la inversión. “Garantiza la protección de los recursos y, al mismo tiempo, da certezas para el desarrollo”.