El gendarme catamarqueño se presentó como querellante ante la justicia federal para ser reconocido como víctima del régimen chavista.
Después de pasar más de un año detenido en Venezuela, el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo dio un paso clave: se presentó ante la Justicia federal como querellante en la causa que investiga al régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Gallo reclamó formalmente “ser reconocido como víctima y parte querellante” en el expediente que tramita en tribunales federales porteños.
Gallo estuvo privado de su libertad durante 448 días, luego de ser acusado por el gobierno venezolano de participar en supuestas maniobras de espionaje. Su liberación se concretó el 1° de marzo, tras un complejo operativo en el que intervinieron dirigentes políticos, periodistas e incluso el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según reconstruyó el propio gendarme, durante su cautiverio asumió un compromiso con otros detenidos: impulsar acciones para denunciar lo ocurrido y exigir la liberación de los presos políticos. En esa línea, decidió avanzar judicialmente contra “Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad”.
A través de sus redes sociales, Gallo anunció su incorporación como querellante y dejó un mensaje que sintetiza su postura: El reclamo no solo apunta a su situación personal, sino que busca visibilizar la situación de otros detenidos en Venezuela y presionar por su liberación.
El caso de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela con su pasaporte argentino para reencontrarse con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo. Había viajado a Caracas para pasar las fiestas, pero tras completar los controles migratorios fue separado por funcionarios venezolanos para una supuesta “entrevista”.
A partir de ese momento, quedó detenido bajo acusaciones de “acciones conspirativas” y un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Días después, la Fiscalía venezolana amplió los cargos y lo vinculó a “acciones desestabilizadoras y terroristas” junto a presuntos grupos internacionales.