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SUSCRIBITE El ministro dijo que se analiza el accionar de Livent
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SUSCRIBITEEl ministro de Minería, Marcelo Murúa, confirmó que esa cartera le abrió un expediente a la empresa minera Livent, operadora del proyecto Fénix, en Antofagasta de la Sierra, para determinar si corresponden sanciones o multas por el derrame de más de mil litros de ácido clorhídrico tras el vuelco de un camión proveedor.
“En su momento dimos la información, inclusive yo dije que se había producido el derrame. Nosotros hemos recabado y requerido los informes como se hace en todas estas situaciones. En aquel momento dije que el derrame existió, no en los volúmenes que se decía en algunos medios, pero que existió y se iban a tomar todas las medidas que se deben tomar en cada caso, es decir, producir la remediación de lo que haya sido afectado. Es lo que se ha hecho y se monitorea desde el Gobierno”, explicó el ministro desde la gira por oriente en la que acompaña al gobernador Raúl Jalil.
En diálogo con ‘Mañana es hoy’, de Radio Ancasti, Murúa explicó que el último informe conocido surgió de la empresa, pero remarcó que el Ministerio “ya había tomado las medidas que se debían, monitoreando que la empresa realice las tareas previstas para estas cuestiones accidentales, porque si bien que sucedan estas cosas no es parte de la cotidianeidad, ocurren”.
“Generamos un sumario que evalúa y decide las medidas relativas a sanciones y posiblemente multas. En este sumario se evaluarán todas las remediaciones realizadas y se determinará qué tipo de acciones corresponden”, explicó el ministro.
El 4 de febrero de este año, un camión de la firma FMF, proveedora de Livent, tuvo un vuelco a menos de dos kilómetros del límite con Salta, en un camino de difícil transitabilidad. El camión transportaba 1.732 litros de ácido clorhídrico, y con la ayuda de “bandejas y una bomba” se habrían recuperado 700 litros, por lo que se derramaron 1.032 litros del total. El estudio de la empresa determinó que el derrame “tomó contacto con el nivel freático salino y que por las intensas lluvias penetró aún más".
Las tareas de remediación a las que se vio obligada la empresa según el protocolo dispuesto por el Estado, consistieron en cavar para quitar el suelo en donde se derramó el ácido. Se lo puso en contenedores “para su almacenamiento temporal y posterior disposición final”. También hubo zonas neutralizadas con cal. La situación se hizo pública a través de un pedido de informes del diputado Carlos Marsilli.
